La Corte Suprema de Brasil comenzó a inclinarse el miércoles por remitir las nuevas denuncias por corrupción que afectan al presidente Michel Temer a la Cámara de Diputados, aunque la decisión definitiva será anunciada este jueves.
La audiencia en el máximo tribunal fue suspendida cuando seis de sus once miembros ya se habían pronunciado por darle continuidad al trámite de la denuncia y otros dos votaban por paralizar el proceso por las dudas surgidas en torno a las acusaciones, fundamentadas en unos acuerdos de cooperación pactados por los dueños del grupo JBS.
La mayoría que comenzó a conformarse en el Supremo, que sólo se confirmará este jueves, pues los jueces tienen la potestad de alterar su voto hasta último momento, contraría una apelación presentada por la defensa de Temer, que pidió suspender todos los trámites.
El objeto de los abogados del mandatario es que se esclarezca la validez de muchas de las supuestas pruebas que fueron obtenidas mediante los acuerdos con el gigante cárnico JBS, invalidados por la Justicia.
Lo declarado por los dueños de JBS está bajo una investigación que llevó a la Fiscalía a anular todos los beneficios de un acuerdo de cooperación judicial que firmaron a inicios de este año, tras comprobar que habían mentido u omitido información sobre casos de corrupción.
Sin embargo, la propia Fiscalía sostuvo que muchas de las pruebas obtenidas con esos testimonios mantienen su validez y contienen unos "serios indicios" de que Temer pudo haber incurrido en prácticas ilegales antes y después de asumir el poder, en mayo del año pasado, cuando comenzó el proceso de destitución de Dilma Rousseff.
El instructor del caso en el Supremo, Luiz Edson Fachin, consideró que el tribunal no puede pronunciarse sobre esos testimonios ni sobre las pruebas hasta tanto la Cámara baja no avale el inicio de un posible juicio penal contra el gobernante, tal como lo establece la Constitución brasileña.
"La decisión política de la Cámara de Diputados, como depositaria del voto popular, antecede al análisis jurídico sobre la posibilidad de admisión de una denuncia" contra un jefe de Estado, dijo Fachin.
Su posición fue apoyada por el juez Alexandre de Moraes, quien fue ministro de Justicia de Temer y hasta fue sugerido por el propio mandatario para ocupar una plaza en la Corte Suprema.
Según la Constitución, un gobernante en ejercicio del cargo sólo puede ser investigado penalmente si el supuesto delito hubiera sido cometido durante su mandato, lo cual, según la Fiscalía, es el caso de Temer, el primer gobernante sometido en el país a un proceso de esta naturaleza y ahora no sólo una vez, sino dos.
Con la decisión que parece tomada en la corte, la nueva denuncia debería recorrer el mismo tortuoso camino que unas acusaciones por corrupción pasiva que la Fiscalía presentó contra Temer en junio pasado y que acabaron en los archivos, después de que el pleno de la Cámara de Diputados las rechazó a principios de agosto.
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