Lula, el primer condenado: la larga lista de investigaciones judiciales contra presidentes brasileños

La condena a 9 años y seis meses de prisión para el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es histórica en la política brasileña. Eso no significa que sus antecesores y sucesores no hayan sido objeto de investigaciones en la Justicia, sino que ninguna de dichas investigaciones había llegado tan lejos.

Abajo, los otros casos recopilados por el diario brasileño Folha de Sao Paulo

Michel Temer y Fernando Collor de Mello, denunciados: 

Michel Temer (2016-) y Fernando Collor de Mello (1990-1992) fueron los dos jefes de Estado cuyas causas llegaron más lejos. Además, son los únicos que fueron blanco de denuncias judiciales mientras ejercían su cargo.

El actual presidente, con una causa judicial en curso, fue denunciado por la Fiscalía General de la República por corrupción pasiva en el marco de la delación de la JBS. Ahora, la Cámara discute si avalará la continuidad de la acusación. Sólo en ese caso el Supremo Tribunal Federal podría detenerlo y, luego, condenarlo o absolverlo.

Collor fue denunciado, también bajo la acusación de corrupción, un mes y medio antes de ser definitivamente destituido por el Senado a partir de un proceso de impeachment. Sin embargo, el mandatario se alejó de la presidencia antes del resultado de la investigación.

Dilma Rousseff y José Sarney, investigados: 

La ex presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) es actualmente investigada, junto con su predecesor Lula, bajo sospechosas de intentar obstruir la investigación del Lava Jato. La mandataria fue destituida de su cargo tras un proceso de impeachment acusada de maquillar las cuentas públicas.

José Sarney (1985-1990), también es investigado por la misma causa. En ambos casos, todavía no hay una  acusación formal por parte de la Procuraduría General de la República.

Juscelino Kubitschek y Jango, investigados por la dictadura: 

Los ex presidentes Juscelino Kubitschek (1956-1961) y João Goulart (1961-1964), más conocido como Jango, fueron objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito en el contexto del régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

Es importante, sin embargo, diferenciar el actual orden constitucional y democrático, con independencia del Poder Judicial, de aquel período, en el cual el gobierno operaba al margen del Estado de Derecho y mecanismos arbitrarios que servían a los intereses de la dictadura.

Los dos fueron blancos de la temida Comisión General de Investigación, tribunal sumario encabezado por las Fuerzas Armadas que existía en ausencia del sistema judicial.

Los presidentes del período militar, aunque comandaron el país en medio de desapariciones y torturas a presos políticos, nunca fueron procesados. La ley de la amnistía posterior perdonó tanto a los opositores del régimen como a los militares. 

Tampoco fue procesado Getúlio Vargas, dictador entre 1937 y 1945 y que se suicidó en 1954, durante su segundo gobierno, esta vez democrático.

Los que terminaron presos:

Condenado en primera instancia, Lula sólo será arrestado en caso de sentencia de segunda instancia que confirme la decisión de Moro. Hay en la historia brasileña antecedentes de presidentes y ex presidentes presos, pero sin condenas judiciales. Un ejemplo es el mariscal Hermes de Fonseca, que fue encarcelado en julio de 1922, tras involucrarse en la revuelta. Hermes fue liberado tras un habeas corpus a su favor en enero de 1923.

También fue arrestado Washington Luís (1926-1930), forzado a dejar el sillón presidencial por el golpe de 1930, que llevaría a Vargas al poder. Tras eso, el depuesto presidente partió para el exilio.

Otra víctima del varguismo fue Artur Bernardes (1922-1926). El ex presidente fue arrestado por apoyar a los rebeldes constitucionalistas de 1932 y pasó algunos meses confinado en su hacienda durante la dictadura del Estado Novo en 1939.

Pedro Segundo, prohibido:

El primer jefe de Estado brasileño castigado no fue un presidente, sino un emperador, una vez más al margen del sistema judicial. Exiliado después de la proclamación de la República, don Pedro Segundo y su familia fueron expulsados en 1889 del territorio nacional por medio de un decreto del gobierno provisional encabezado por el mariscal Deodoro da Fonseca, que encabezó el golpe que derrocó al régimen monárquico. La medida sólo se revertiría 31 años después.

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