El juez brasileño Sergio Moro, a cargo del caso Lava Jato, pidió este sábado a sus seguidores que no acudan en masa la próxima semana a la puerta de su juzgado, donde interrogará al ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, procesado por corrupción.
Lula y Moro estarán cara a cara por primera vez el próximo miércoles en la sureña ciudad de Curitiba, durante el interrogatorio de uno de los juicios que enfrenta el ex mandatario en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
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Sergio Moro, sobre el primer interrogatorio a Lula da Silva
"He oído que mucha gente que apoya la Operación Lava Jato pretende venir a Curitiba a manifestar ese apoyo (…) Ese apoyo siempre fue importante, pero en esta fecha no es necesario. Todo lo que se quiere evitar en esa fecha es alguna especie de confusión y conflicto", afirmó Moro en un video casero publicado en Facebook la noche del sábado.
"No quiero que nadie se lastime en una eventual discusión o conflicto. Por eso mi sugerencia es que no vengan, no es necesario. Dejen a la Justicia hacer su trabajo", dijo Moro, que no acostumbra a manifestarse por las redes sociales.
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Desde que fue anunciada la fecha de la audiencia, el clima entre los seguidores y detractores de Lula subió de temperatura.
Grupos contrarios al líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) contrataron grandes anuncios publicitarios con el mensaje "Sea bienvenido. La República de Curitiba te espera de rejas abiertas", junto a un dibujo representando a Lula con ropa de presidiario.
"El interrogatorio es una oportunidad que el señor ex presidente va a tener para defenderse, es un acto normal del proceso. Nada diferente o anormal acontecerá en esta fecha", aseguró Moro.
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"Todo lo que Lula quiere es que haya disturbios. Por eso, Vem Pra Rua concuerda con Moro: no hay necesidad de manifestarse en Curitiba ese día", publicó Vem Pra Rua, uno de los grupos que han protagonizado la cruzada anti-PT en los últimos años.
Grupos favorables a Lula también habían prometido acudir en masa a Curitiba el día del interrogatorio, lo que obligó a las autoridades a montar un robusto operativo de seguridad, que los distintos grupos no se encuentren ni puedan acercarse a la sede judicial.
La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de la constructora OAS, incluyendo un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acerbo presidencial entre 2011 y 2016.
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El caso es apenas una de las cinco acciones penales que enfrenta, la mayoría de ellas por corrupción, algunas durante sus años en el Palacio de Planalto.
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