La Corte Suprema de Chile dictó la mayor condena de la historia del país por delitos de lesa humanidad

El tribunal sentenció a 33 ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por el secuestro y desaparición de cinco opositores al régimen en septiembre de 1987

Los jueces de la Corte Suprema de Chile
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La Corte Suprema de Chile dictó la mayor sentencia de su historia por crímenes de lesa humanidad. Condenó este miércoles a 33 ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por la desaparición forzada de cinco militantes comunistas en septiembre de 1987.

Los condenados pertenecían a la Central Nacional de Informaciones (CNI), al Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y al Comando de Aviación del Ejército. Las penas más elevadas recayeron en el general Hugo Salas Wenzel, ex jefe de la CNI, y el mayor Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo del organismo represor, ambos actualmente en la cárcel, quienes recibieron una pena de 15 años de presidio como autores de los secuestros.

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Las víctimas son Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, miembros del Partido Comunista, que desaparecieron en septiembre de 1987 tras ser detenidos por agentes de la CNI como represalia al secuestro de un coronel del Ejército.

Los cinco pertenecían además al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo considerado el brazo armado del Partido Comunista, que recurrió a la lucha guerrillera contra la dictadura. El juez especial Mario Carroza logró establecer en la investigación del caso que los cuerpos de los cinco opositores fueron lanzados desde un helicóptero al mar en la costa de Quintay, en la región de Valparaíso.

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Otros 21 ex agentes fueron condenados por la Corte Suprema a 10 años y un día de cárcel por los delitos. Nueve más recibieron penas de 5 años y un día, y otro de 3 años y un día, condena que podrá cumplir en libertad.

En el aspecto civil, el alto tribunal chileno confirmó las demandas de indemnización presentadas contra el Estado y estableció el pago de 380 millones de pesos (unos 575.000 dólares) a las familias de las víctimas.

(Con información de EFE)

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