
De clima suave y compuesta por cerros, la región del Chucurí, ubicada en el departamento colombiano de Santander, lleva décadas viviendo entre el miedo y el horror por la penetración de los terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Es muy cruda la realidad" en esa zona productora de cacao, reconoció Fernando Vargas Quemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, en diálogo con Infobae.
El Chucurí está compuesto por dos municipios: El Carmen y San Vicente. Ambos controlados por el grupo guerrillero, desde su conformación en la década de 1960. En un principio, la convivencia era "tranquila", ya que los primeros insurgentes "eran hijos de las poblaciones de allí", explicó el abogado colombiano, experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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Pero en 1991 se produjo el quiebre definitivo entre el ELN y la población civil con el asesinato del alcalde Alirio Beltrán, el 23 de abril de ese año. Se trataba de una figura "muy querida" por el pueblo.

Con el correr de los años, la presencia del Ejército colombiano se había intensificado en esa región, en gran medida para prestar servicios a la humilde población. Esto no fue del agrado de la organización insurgente, que rompió esa convivencia "pacífica" para abrir un frente de guerra.
Como respuesta, el pueblo se levantó contra la presencia del ELN y solicitó apoyo el Ejército. Incluso algunos campesinos también se armaron para evitar que los terroristas llegaran al campo.
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La reacción de los guerrilleros fue brutal. Instalaron minas anti persona, "generando cientos de víctimas". "Y los que no morían, quedaban mutilados", señaló Vargas, quien en más de una oportunidad prestó asistencia a los heridos a través de su fundación.

Los explosivos eran escondidos en todas partes. Desde la entrada de una casa, hasta en plantaciones en el campo. "La gente iba a recoger cacao y salía volando, o quedaba sin pierna", relató el activista por los derechos humanos.
El número de víctimas por estas minas ascendió a casi 300.
Si bien en enero de este año el presidente Juan Manuel Santos anunció que San Vicente quedaba liberada de toda presencia de minas anti persona luego de un fuerte trabajo de desminado, las terribles secuelas persisten.
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Por su parte, el reclutamiento y asesinato de niños también formó parte del macabro plan de combate del ELN. Para atraer a los menores de edad, los guerrilleros les prometían "una cantidad de cosas que nunca cumplían". Ya enrolados en sus filas, no podían desertar "porque los amenazaban con matar a sus padres".
Después de arduos entrenamientos y trabajos forzosos, eran enviados al frente de combate por la cúpula del grupo guerrillero. Muchos de ellos fueron abatidos, y su muerte nunca fue reportada por los insurgentes.
"Catástrofe humanitaria"
Como parte de su estrategia para controlar esa región colombiana, la principal productora de cacao, el Ejército de Liberación Nacional también se encargó de aislar a su población e impedirle sacar provecho de sus escasos recursos.
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Así es como se dedicó a "tumbarle los puentes de acceso". "Los aisló. No tenían como sacar sus productos, ni entrar camiones con abastecimientos. No había forma de entrar o salir", comentó Vargas.
El 31 de diciembre de 1991, explosivos destruyeron los puentes del Oponcito, La Negra, y La Segura, que comunicaban la región del Chucurí con Barranca.

Los terroristas también dinamitaron el acueducto de El Carmen, el único que tenía esa región. Con esa misma brutalidad fueron atacados puestos de salud, y "el pequeño hospital que tenía el pueblo para atender a los campesinos mutilados".
Ante esta crítica situación, el Ejército brindó asistencia a la población y, mientras reconstruyó los puentes, colaboró con la gente realizando "un puente aéreo" para permitir el ingreso de comida y la transportación del cacao.
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La violencia y desapariciones forzosas seguían a la orden del día, y los cerca de 34.000 ciudadanos pensaban hasta dos veces cada paso que daban. Las minas anti persona eran una amenaza permanente. Para colmo, la región se estaba quedando sin médicos, ya que estos decidían no volver por el miedo que corrían.
"Fue una catástrofe humanitaria", remarcó Vargas, al tiempo que denunció que las víctimas del Chucurí "nunca fueron reparadas o auxiliadas por el Estado".

"Solo el terrorismo puede garantizar una mesa de negociación"
El 30 de marzo de este año, el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN anunció en Caracas el inicio de un proceso de paz. La primera mesa de negociación estaba pactada para el 3 de noviembre en Quito, Ecuador. Pero la guerrilla no cumplió con la condición que estableció el Ejecutivo, que era la liberación del ex congresista Odín Sánchez, y así los acercamientos quedaron paralizados.
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Frente a este panorama adverso, a fines de noviembre, el Gobierno manifestó que espera poner en marcha el diálogo de paz a partir del próximo 10 de enero.
Pero los gestos de los terroristas colombianos están lejos del diálogo. Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", su principal líder, pidió a cambio el indulto de dos guerrilleros. Al mismo tiempo, en las últimas semanas el grupo insurgente recrudeció sus ataques contra el Ejército.

Esto dilata la paz en Colombia luego del acuerdo con las FARC.
No obstante, Vargas explicó que esa es la estrategia del ELN -según el abogado cuenta con más de 4000 combatientes desparramados por todo el país- para llegar a la mesa de negociación, tal como lo hizo las FARC en su momento. "Las FARC lograron la mesa de negociación con atentados terroristas, dinamitando carreteras, puentes… Las mesas de negociación se adquieren atacando los bienes de la población civil".
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En ese sentido, no dudó en considerar que "las FARC marcó un camino de impunidad". "El ELN sabe que solo atacando a la población civil, matando algún que otro policía, es como se logra una mesa de negociación", se lamentó.
Tal vez eso explica porqué aumentaron los ataques contra el Ejército en los últimos días, cuando queda muy poco para el tan ansiado 10 de enero, día que se espera que las partes inicien el proceso de diálogo.
"El ELN sabe que solo el terrorismo le puede garantizar una mesa de negociación", concluyó Vargas.
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