Choque de poderes en Brasil por un polémico paquete de medidas anticorrupción

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión del trámite parlamentario de un nuevo paquete de medidas anticorrupción, con lo que se abrió un nuevo frente de conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo.

La decisión fue dictada por el magistrado Luis Fux, uno de los once miembros del Supremo, mediante una medida cautelar que anula una votación realizada por la Cámara de Diputados de ese paquete anticorrupción, proyecto que nació de una iniciativa de la sociedad civil luego modificada por los parlamentarios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo que esa decisión es "al menos extraña" y supone una "interferencia clara de un poder en los asuntos de otro", por lo que presentará una apelación al pleno del Supremo.

Los cambios introducidos en el proyecto ya habían provocado fuertes polémicas, pues entre otros puntos introducen un párrafo sobre los "abusos" en que incurran jueces y fiscales, que pudieran ser condenados a prisión por causas genéricas, como actuar con "motivaciones político-partidarias".

En su decisión, el magistrado Fux sostuvo que el proyecto de ley, que fue promovido por el Ministerio Público y enviado al Congreso con apoyo de dos millones de firmantes, fue "desfigurado" por los parlamentarios, por lo que ordena que sea discutido nuevamente.

"Hay apenas un simulacro de participación popular cuando un texto gestado por un significativo número de electores es sustituido de forma extraña o incluso fulminado" y "atropellado por propuestas que sólo le interesan a la clase política", indicó Fux.

Aunque no lo aclara, el magistrado pareció aludir así a las críticas hechas a la modificación del proyecto por el Ministerio Público, que ha considerado las alteraciones como un intento por obstruir la acción de la justicia e inhibir a los jueces.

La Fiscalía ha afirmado incluso que esas "maniobras" son un intento de "contener" las investigaciones sobre la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras, en la que hasta ahora están implicados decenas de políticos de todo el arco partidario.

Las alteraciones en el proyecto contra la corrupción fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en vísperas de que comenzara el proceso de cooperación judicial pactado por 77 antiguos directores de la constructora Odebrecht, que han acordado revelar detalles del funcionamiento de la trama corrupta en la petrolera.

Esos testimonios, aún bajo secreto judicial, han empezado a causar inquietud en Brasilia, donde se asegura que el escándalo puede alcanzar a unos 200 políticos de todos los partidos, incluidas decenas de senadores y diputados.

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