La Asamblea Nacional de Venezuela se declara en "rebelión popular" por la ruptura del orden constitucional

Luego de una tensa sesión por la irrupción de grupos chavistas, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó este domingo un acuerdo para "rescatar el orden constitucional", luego de la decisión del Poder Electoral de suspender la recolección de firmas que buscaba activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

El Parlamento, de mayoría opositora, apeló al derecho de "rebelión popular" para aprobar el acuerdo.

La AN acordó "declarar la ruptura de orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro", por lo que emprenderá acciones internacionales y de presión popular, subrayó la resolución votada en el hemiciclo.

El acuerdo contempla declarar la ruptura del orden constitucional y golpe de Estado, abrir un juicio político a Maduro, solicitar activación de mecanismos internacionales, denunciar al Estado ante la Corte Penal Internacional por frenar el revocatorio, designación de cinco rectores y suplentes del CNE, y elección de nuevos magistrados del TSJ.

Otro punto que iba a ser incluido es el de la nacionalidad del jefe de Estado. Sin embargo, los parlamentarios opositores decidieron postergar esa presentación, ya que en las próximas horas llegarán pruebas "fehacientes" que confirman la supuesta nacionalidad colombiana del primer mandatario.

La diputada opositora Dennis Fernández, aseguró durante su intervención que le enviaron las pruebas que confirman que la madre de Maduro es colombiana y ello ratifica su doble nacionalidad, lo que le impediría al Presidente ejercer ese cargo, de acuerdo a lo que contempla la Constitución.

Gritando consignas "anti imperialistas", seguidores del chavismo invadieron los jardines de la sede parlamentaria y entraron a la fuerza al hemiciclo, donde el diputado Enrique Márquez hablaba sobre la necesidad de "restablecer la democracia".

Tras unos 45 minutos de tensión, retornó la calma con la salida de los chavistas del edificio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, reanudó el debate, responsabilizando al chavismo sobre lo sucedido: "Esto fue consecuencia de la instigación, del aliento, porque esos no son grupos que operan espontáneamente".

Asimismo, aseguró que esas maniobras violentas solo perjudican al régimen de Nicolás Maduro.

Minutos antes, Julio Borges, jefe de la bancada opositora, llamó a la rebelión popular luego de la últimas medidas de la Justicia para impedir la activación del referendo. "El pueblo tiene derecho a la rebelión (…) En Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo. Venimos a oficializar la lamentable y dolorosa ruptura de la Constitución".

"A Venezuela le llegó la hora del cambio, de la rebelión popular, de irnos todos a la calle hasta que se restituya la democracia y la libertad", agregó el diputado opositor Freddy Guevara.

Los legisladores oficialistas acusaron a los opositores de buscar dar un golpe de Estado, e insistieron en la necesidad de un diálogo.

"No traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria", dijo el diputado oficialista Earle Herrera.

Sin resoluciones aún, los legisladores han mencionado lo que llaman un "abandono del cargo" por parte de Maduro, de gira por Medio Oriente, y el álgido tema de la supuesta doble nacionalidad, venezolana y colombiana, del presidente, que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.

Simultáneamente, desde Arabia Saudita, Maduro hizo un enlace a través de la televisión oficial: "Estoy en esta gira, pero no pierdo ni un segundo la atención a mis responsabilidades constitucionales al frente del Estado y del gobierno".

A la vez, el jefe de la bancada del oficialismo, Héctor Rodríguez, llevó un mensaje del mandatario: "Diles que les doy un saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo a todas y a todos".

Los legisladores opositores también reclamaron el reemplazo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que acusan de responder al régimen chavista y a quienes amenazaron con denunciar ante la "justicia penal" internacional por "violación" a los derechos humanos.

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