Ricardo Echegaray vive días difíciles, pero no es por producto del azar. Muchos de los dolores de cabeza que hoy lo aquejan están vinculados con su actuación como jefe de la AFIP durante el esplendor del kirchnerismo.
Ayer el juez federal Claudio Bonadio lo procesó por los delitos de violación de secreto y falso testimonio. Un par de horas más tarde el oficialismo inició el proceso que probablemente terminará con su remoción de la Auditoría General de la Nación. Pero la complicación más importante podría llegar los próximos días, cuando se ventile un escándalo que incluye historias de espionaje, oficinas secretas y un apellido vinculado a Lázaro Báez.
Una auditoría realizada por la gestión actual de la AFIP determinó que Echegaray usó su poder durante la "década ganada" para espiar a políticos, empresarios y jueces. En la extensa lista de los nombres elegidos por el ex recaudador se encuentra entre otros el del presidente de la Nación, Mauricio Macri. La información fue revelada por el periodista Marcelo Bonelli en su panorama empresarial de los viernes en la edición impresa del diario Clarín.
La investigación será presentada en la Justicia por Alberto Abad en los próximos días y podría derivar en una nueva visita de Echegaray a los jueces federales de Comodoro Py, que estos días viven jornadas agitadas por diversas causas que tienen en el banquillo de los acusados a ex funcionarios.
El informe secreto de la AFIP concluyó que el golpeado presidente de la AGN creó junto a sus colaboradores una oficina especial para observar a "contribuyentes no sujetos a inspección" y utilizar esa información con fines políticos. Se montó una suerte de "fábrica de dossiers" que apuntó sus mayores esfuerzos a buscar datos que pudieran desestabilizar a Macri durante la campaña electoral del 2015.
El jefe de Estado no fue el único espiado. En la nómina también se encuentran Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz y Eduardo Amadeo. Los empresarios Jorge Brito, Héctor Méndez y Angelo Calcaterra. Y el juez Bonadio, el mismo que ayer lo procesó por un delito similar.
El informe, cuya única copia está en poder de Abad, confirmó que la oficina secreta estuvo a cargo del entonces subdirector de la AFIP, Guillermo Michel, y en su nómina informal de empleados se encontraba Liliana Costa, una mujer que fue señalada en las últimas semanas como pareja extramatrimonial del empresario kirchnerista Lázaro Baéz.
Hubo otros tres ex funcionarios que se dedicaron a la misma tarea ilegal. Para la confección de la auditoría fue clave la confesión de uno de ellos, al que denominan como "el arrepentido". Esta persona contó, por ejemplo, que la lista de espiados fue elaborada personalmente por Echegaray e incluyó también a familiares de políticos, como por ejemplo la Primera Dama Juliana Awada. Detalló, además, cómo fue la mecánica que se utilizó para vulnerar el sistema informático de la oficina recaudadora para evitar la lupa del Estado. Pero, según parece, algo de ese plan para esconder los movimientos falló.
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