Un grupo de senadores y diputados nacionales, legisladores porteños, el CELS, miembros de la CTA y ATE, y organizaciones de varias provincias repudiaron las amenazas que sufrió el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, por parte de corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.
El viernes pasado, el presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCIBA), Héctor D´Odorico, le envió a título personal una carta documento a Muñoz, en la que le pidió que rectificara sus declaraciones públicas en las que responsabilizó a CUCICBA de violar sistemáticamente la ley 2.340 de la Ciudad de Buenos Aires, que regula a las inmobiliarias porteñas.
En efecto, Muñoz mantiene desde hace tiempo una disputa con CUCICBA, ya que el colegio es el ente de control de la ley 2.340, pero en los hechos actúa como un defensor de las inmobiliarias. El caso más conocido es el del cobro de los famosos dos meses de comisión para alquilar, cuya prohibición legal fue ratificada recientemente por la Justicia. Durante años los corredores abusaron de su poder frente a los inquilinos, realizando cobros ilegales, mientras CUCICBA hacía la vista gorda. Tal es así, que en su historia aplicó una sola multa.
El mismo viernes esa carta documento fue publicada en el grupo público de Facebook "Colegiados del CUCICBA, Inmobiliarias, Corredores y Martilleros", que tiene más de 6 mil miembros. Ante la consulta de Infobae, Héctor D'Odorico reconoció que él envió a todos los colegiados la misiva, que incluye los datos personales y la dirección en que la Muñoz vive con su esposa y su hijo. Pero el corredor Claudio Ventura, director de Buenos Aires Inmobiliaria, dio un paso más e invitó a "mandarle un presente o pasar a saludarlo".
El tono amenazante y canchero de Ventura se inscribe en la lógica de ese grupo de Facebook, en el que suelen insultar a Muñoz. Por ejemplo Roberto Flores, que dirige un pequeño portal con noticias sobre el sector, suele subir historias falsas –supuestamente graciosas– en las que ha llegado a comparar a Muñoz con Benito Mussolini. Los corredores creen que ellos son víctimas del sistema y que deben violar las leyes para subsistir.
Muñoz realizó una denuncia telefónica en la Unidad Fiscal Oeste de la Ciudad de Buenos Aires y ayer la ratificó personalmente.
"Desde la fiscalía nos dijeron que ya se contactaron con los que hicieron las publicaciones y que las iban a dar de baja", explicó el damnificado a Infobae.
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El problema de fondo, es decir, el abuso de las inmobiliarias, sigue latente. La ley dispone que en el caso de los alquileres destinados a vivienda única no pueden cobrar más del 4,15% del total del contrato en concepto de comisión. En enero, CUCICBA consagró la libertad contractual, lo que en realidad buscaba regularizar una práctica cotidiana en la Ciudad, que era el cobro ilegal de honorarios por encima del tope legal .
Sin embargo, en los primeros días de mayo el juez Marcelo Segón, titular del Juzgado N° 17 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño, suspendió esa resolución de CUCICBA, ya que consideró que el colegio se atribuyó una función legislativa que no le corresponde. En ese lapso, las inmobiliarias se quedaron con 350 millones de pesos de manera ilegal, que no está claro cómo serán devueltos.
CUCICBA ya apeló la decisión y los demandantes -Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-, ya contestaron ese recurso, por lo que se espera el fallo de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo.
Por lo pronto, la mayoría de las inmobiliarias empezaron a cumplir con la resolución, aunque trasladaron parte de lo que dejaron de percibir al cobro de las gestiones, pese a que el pedido de informes es uno de los deberes de los corredores y está incluido en la comisión, según el artículo 10 de la ley cuyo cumplimiento debería ser controlado por CUCICBA.
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