La Justicia también frenó el aumento de gas en el norte de Mendoza

Una magistrada hizo lugar al pedido de una ONG. El gobierno provincial anunció que hará una presentación para incluir a los departamentos que quedaron afuera

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Una jueza federal de Mendoza ordenó suspender el aumento en la tarifa del gas por tres meses en el norte de la provincia al admitir un amparo presentado por la organización no gubernamental "Protectora", que defiende los derechos del consumidor.

La medida se suma a otras acciones en el país, como la que había tomado Mar del Plata hasta que la revocó una cámara o la que se encuentra en curso en una fiscalía de Chubut, ante reclamos de distintas organizaciones para evitar que la suba en la tarifa de gas se traslade a otros costos.

La decisión fue adoptada por la jueza Olga Pura de Arrabal, quien admitió una medida cautelar que obliga al Enargas a reestructurar los cuadros tarifarios a aplicar por Ecogas. La magistrada permitió un aumento tope del 80 por ciento, según detalló Protectora, y que se correspondía con el cuadro tarifario anterior a la resolución de Enargas 3730.

Mario Vadillo, integrante de la Asociación Protectora, dijo a radio MDZ: "Esto es un gran ahorro para los mendocinos, porque evitó que llegáramos a pagar 4,90 pesos el metro cúbico de gas". Y agregó que al menos por tres meses, los más fríos del año, el consumidor abonará el servicio con valores anteriores al "tarifazo".

Vadillo explicó que la Justicia federal deja el margen de adecuar los valores en un 80% y no en un 700% como lo establecía la nueva disposición del Enargas, y subrayó que la jueza ordena a la entidad a fijar un nuevo cuadro tarifario para la provincia de acuerdo al clima.

A poco de conocerse la decisión, el gobierno de Mendoza adelantó realizará una presentación judicial para incluir a los usuarios de los departamentos del sur provincial que quedaron afuera de una resolución.

Junto a los intendentes de General Alvear, San Rafael y Malargüe, se realizará una "acción declarativa de inconstitucionalidad" y una medida cautelar, para pedir la suspensión inmediata de todas las resoluciones que modificaron el cuadro tarifario para toda la provincia, lo que implicaría extender a todo el territorio la resolución de la jueza Arrabal.