Las renuncias de D'Onofrio, Lammens y Angelici al Comité Ejecutivo de la AFA no ocurrieron en un vacío: el conflicto de esta tarde por la Superliga es la consecuencia y no la causa del escenario de caos en el que está la entidad de la calle Viamonte. Básicamente, la AFA-post Grondona no supo qué hacer consigo misma. Alguien que conoce bien a ese trío de dirigentes apuntaba días atrás: "Están perdidos, no tienen idea de qué hacer con todo este desastre". El principal motivo: la agresiva y minuciosa investigación que llevan adelante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, el fiscal Eduardo Taiano y el equipo de veedores integrado por Alberto Piotti, Alicia López y Horacio della Rocca sobre los millones del Fútbol para Todos. La investigación, que comenzó en julio pasado en la curva descendente del kirchnerismo no solo reveló múltiples irregularidades: reveló los números de la AFA tal cual son.
Hoy, crece un rumor en el mundo de la política y del fútbol: la chance de una intervención en Viamonte 1366 ordenada por la jueza Servini de Cubría, aunque nada ha sido definido por el momento en Comodoro Py. Una voz cercana al expediente apunta: "El estatuto de la FIFA habla de la posibilidad de una intervención del Estado, no judicial". La entidad a cargo, en los cálculos actuales, podría ser la Inspección General de Justicia, bajo la orden de Servini de Cubría.
"Lo más grave de todo es cómo, a pesar de la inyección de $6 mil millones de pesos de la Jefatura de Gabinete de la época de Cristina Elisabet Kirchner, la situación financiera de muchos clubes empeoró: eso es el principal problema que se intenta explicar", apunta la misma fuente.
En los últimos meses, Infobae accedió al expediente que puso en evidencia sucesivas irregularidades descubiertas por los veedores Piotti, Della Rocca y López, que se hicieron presentes en cada asamblea de la AFA tanto ordinaria como extraordinaria. El congelamiento de las cuentas en el banco Credicoop en donde la Asociación disponía sin control de los fondos de la Jefatura de Gabinete fue el primer paso. Hoy, se investigan diversos ejes.
Una incógnita es cómo los clubes llevaron sus cheques a más de 230 firmas, entre ellas cooperativas, mutuales, ganaderas y cerealeras, algunas de ellas ya imputadas en la causa Sueños Compartidos. La jueza federal pidió información sobre más de 230 firmas con oficios librados al INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que regula las cooperativas, a la UIF y a la Inspección General de Justicia. La magistrada y su equipo buscarán registros comerciales, composiciones societarias y reportes de operaciones sospechosas. Servini también hizo un pedido formal de datos a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central.
Otro gran problema es cómo los principales beneficiarios del Fútbol para Todos aumentaron exponencialmente sus deudas con la AFA. La lista la encabezan Quilmes, ligado fuertemente al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y presidido por él; Independiente, cuyo presidente es el sindicalista Hugo Moyano desde julio de 2014, y Argentinos Juniors, liderado históricamente por Luis Segura, actual cabeza de la AFA. Hasta el 30 de junio de 2015, se le habían adjudicado a Quilmes unos $65,3 millones en créditos de derechos de TV, con una asignación pendiente de $17,3 millones, lo que para el club ligado a Aníbal Fernández resultaba en $82 millones. Para Independiente, $87 millones en un cálculo similar. Para Argentinos Juniors, se asignaron $61 millones. desde 2014 hasta 2015.
Sin embargo, Independiente aumentó su deuda en $43,6 millones de pesos: pasó de $63,3 a $106,9 millones. Quilmes hizo lo propio con un aumento de su pasivo ante la AFA de $13,9 millones; de $56,4 a $70,3 millones. Argentinos Juniors aumentó sus deudas con la AFA en un 48%, de $49,8 a $73,9 millones. Un informe del diario Perfil reveló un pasivo total de $240 millones estimado en febrero último tras su gestión en el club de La Paternal.
Las cajas de seguridad de Futbolistas Agremiados, con la Fundación el Futbolista que recibió $90 millones de la AFA desde 2010 tras un pacto con Julio Grondona, son otra zona gris. Un allanamiento de este mes reveló $2,1 millones de dólares acumulados tras años de restricciones cambiarias. Un análisis de sus números a cargo de la contadora López reveló contradicciones descomunales con el dinero público destinado a beneficiar futbolistas necesitados: en cinco años, el mayor gasto fue sueldos y cargas sociales, casi $12 millones de pesos, un 26% de sus gastos globales. En cursos de capacitación, poco más de $5 millones, un 12%. En asistencia médica a afiliados, apenas $1,7 millones, tan solo un 4% de sus gastos generales.
La Fundación El Futbolista, según consta en la causa, contaba no solo con bonos en el exterior por $6,8 millones de pesos: tenía también un plazo fijo por $38,5 millones en el Santander Río y otro en el Banco Ciudad por $17 millones.
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