"Tendremos seguramente, a más tardar en el mes de septiembre de este año, la convocatoria por primera vez en la historia de este país a que los colombianos se pronuncien sí o no respecto al contenido de los acuerdos de paz en La Habana", dijo el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, en una comparecencia en Bogotá.
Además de la firma definitiva de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), cuya fecha es todavía incierta, el gobierno colombiano depende, para llamar al plebiscito, de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de esa consulta popular.
"Estamos en la recta final en La Habana y (esperamos) que la Corte Constitucional, que ha dado prioridad al trámite del estudio de la ley estatutaria de plebiscito, en el tiempo razonable expida su fallo", agregó Cristo en declaraciones a periodistas a la salida de un encuentro con alcaldes del Partido Liberal.
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El pasado viernes, las FARC, principal guerrilla del país, abrieron la puerta a "consultar al pueblo" colombiano sobre los acuerdos de paz, tras rechazar por años ese plan del gobierno y exigir en cambio una Asamblea Nacional Constituyente.
La Constitución de Colombia prevé varios mecanismos a través de los cuales los electores pueden pronunciarse sobre una decisión del gobierno (plebiscito), asuntos de interés nacional o local (consulta popular) o para aprobar o derogar una ley (referendo).
En una entrevista hace una semana, el presidente Juan Manuel Santos dijo que prefería no poner fecha límite al plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC.
Sin embargo, aseguró: "Si, por ejemplo, firmáramos (la paz) en junio, simplemente por los tiempos que establece la ley, entonces el plebiscito se haría por allá en septiembre".
Además de las negociaciones que avanzan con las FARC en Cuba desde noviembre de 2012, el gobierno de Colombia anunció a finales de marzo diálogos de paz con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista).
El conflicto interno colombiano, iniciado como una sublevación campesina en 1964, ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, y deja ya 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
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