Dos empresarios intentaron justificar sus aportes a la campaña K del 2007

Pasaron casi nueve años. Ayer por la mañana, el juez federal Ariel Lijo empezó la ronda de indagatorias en el marco del expediente en el que investiga supuesto lavado de dinero en torno a los aportes a la campaña del Frente Para la Victoria que llevó a Cristina Kirchner por primera vez a la Casa Rosada, y que sumaron en aquel momento casi 15 millones de pesos.

Ayer fue el turno de Carlos Horacio Torres y Néstor Osvaldo Lorenzo, presidente y director suplente de Multipharma S.A., respectivamente, droguería que aportó, según la rendición de cuentas del FPV, 376.000 pesos mediante cuatro cheques del Banco Santander Río y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Torres también embolsó como persona física 325.000 pesos al binomio Cristina Kirchner – Julio Cobos. Entre ambos aportes, Torres fue quien más contribuyó a la campaña K del 2007: 701.000 pesos. El desembolso de las empresas vinculadas al rubro de la medicina y las droguerías representó el 35,4 por ciento del total de los ingresos del FPV, con poco más de 4,5 millones de pesos.

Según fuentes judiciales, tanto Lorenzo como Torres, que aceptaron preguntas, dijeron haber aportado el dinero. "Querían aportar al proyecto", confiaron a Infobae respecto a la declaración de ambos, que trataron de justificar la legalidad de los fondos.

En el caso de Torres, relacionó su aporte a la posibilidad de conseguir negocios con el kirchnerismo. Explicó, según fuentes cercanas al expediente, que en el 2002 era desempleado, que cuando conoció a Lorenzo encaró un proyecto, que quiso aportar a la campaña del FPV porque intentaba cerrar un acuerdo con Venezuela para una planta de biotecnología y que por la relación carnal de la anterior administración con el gobierno chavista le convenía que el kirchnerismo siguiera en el poder. La Justicia tendría comprobado, no obstante, que Torres no acreditaba un empleo formal en aquel momento.

En cuanto a Lorenzo, el farmacéutico –que gerenciaba la droguería San Javier, de excelente vinculación con varios sindicatos- explicó por qué aportó con una de sus empresas y no con otra.

Sin embargo, los empresarios podrían ver complicado su legajo judicial. Según las fuentes, al expediente se incorporó un peritaje que probaría que los movimientos de esos aportes no cuentan con el respaldo suficiente y no habrían sido asentados en el libro contable de los imputados. Se desconoce en ese sentido el origen del dinero: "La hipótesis principal es que dichas empresas habrían efectuado los correspondientes aportes a los efectos de poner en circulación dinero de origen delictivo", escribió Lijo a principios de marzo cuando resolvió las citaciones a indagatoria. El financiamiento de la campaña K del 2007 quedó bajo la lupa tras el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina de agosto del 2008, asesinatos que nuclearon a los aportes electorales con el tráfico de efedrina y la mafia de los medicamentos.

LEA MÁS:

Hoy será el turno de Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, responsables de la recolección y la administración de los fondos de la campaña K, y mañana le tocará a Gabriel Brito y Solange Bellone, viuda de Forza. Seacamp, la droguería del joven asesinado en el 2008, figura con un aporte de 200.000 pesos, mientras que el desembolso de Global Pharmacy, de Brito, habría sido de 310.000 pesos. Este último ya reconoció públicamente que no había aportado el dinero.