Un chico con Síndrome de Down hace tres años que espera que le den su título

Extraña contradicción. Eso es lo que se desprende del boletín de Alan Rodríguez y lo que comunica públicamente el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hace tres años que este joven con Síndrome de Down terminó el secundario común en el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul, pero nunca recibió el título de Bachiller. Sus padres hoy afrontan una batalla legal que está a cargo de la jueza Elena Amanda Liberatori, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la Ciudad.

"Con fecha 17 de noviembre de 2014, el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul, informa a este Ministerio que Alan –de acuerdo a lo expresado en informes anuales- no ha alcanzado los contenidos mínimos de las asignaturas: Matemática de 1° a 5° año, Contabilidad de 3°, Elementos de Física y Química de 3°, Física de 4° y 5°, Quimica de 4° y 5°, Geografía de 5°, Filosofía de 5°, además de estar exceptuado durante los 5 años de cursar inglés", escribió el Ministerio en un comunicado que publicó el miércoles en su página oficial de Facebook.

Y continuó: "Por eso Alan no puede recibir el título de Bachiller ya que, como cualquier otro alumno del sistema educativo, no ha aprobado todas las materias previstas en el Plan de Estudios. En cambio, sí tiene a disposición –y sus padres están notificados- un certificado oficial con todas las materias adaptadas que pudo aprobar". La madre del joven habló con Infobae y aseguró estar completamente enojada y dolida porque las notas del boletín de Alan no se corresponden con lo comunicado en el libro matriz de la escuela. De acuerdo a la familia, el joven aprobó todas esas materias mencionadas como faltantes y reavivó la polémica por los derechos a la educación inclusiva.

"Esto no lo pueden hacer. Subir un comunicado a la web con las supuestas materias que adeuda cuando hay un juicio de por medio y hay una jueza liberatoria que tiene que dar su sentencia. El Ministerio publicó el nombre y apellido de mi hijo, poniendo a la luz mentiras y poniendo que Alan no tiene aprobadas materias que sí tiene aprobadas y estigmatizándolo delante de toda la sociedad. Eso es muy grave", sentenció la mujer en diálogo con Infobae.

No es la primera vez que el Ministerio lanza un comunicado público sobre este caso. El 26 de marzo informó que "cuando un niño con discapacidad –como en el caso de Alan Rodríguez- es integrado para cursar el secundario se hacen las adaptaciones curriculares correspondientes, esto quiere decir que se adecúan las materias para lo que él mismo puede alcanzar. En este caso, Alan ha cursado de manera satisfactoria sus materias adaptadas pero las mismas, según informa el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul al Ministerio de Educación, no alcanzan los contenidos mínimos que se requieren para la obtención de un título de Bachiller común. Los marcos regulatorios vigentes indican para este tipo de situaciones que se certifican los conocimientos pero no se pueden titular".

Mariela Galleazzi, abogada de la familia y miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), reafirmó que el colegio nunca le dijo a la familia que con esa curricula adaptada no iba a obtener el título secundario. El Ministerio tiene un antecedente ya con Melina Quereilhac, una joven con Síndrome de Down que vivió la misma historia por la que atraviesa hoy Alan. "El caso es idéntico. Es grave que se esté publicando información privada de Alan, de modo parcial. Implica un ejercicio abusivo de la institución oficial. Los datos del boletín dicen otra cosa y en el libro matriz los campos de esas asignaturas están en blanco", explicó Galleazzi.

"La información que publican no es real. Es confusa y contradictoria. Nos dicen que Alan alcanzó los resultados pedagógicos, pero no los mínimos educativos. No sabemos por qué no volcaron las notas en el libro matriz. Tiene que ver con una barrera más y un prejuicio más que enfrentan las personas con discapacidad. Siempre se responde con este temor de que los chicos con discapacidad terminen siendo médicos algún día. Se ha perdido de vista la obligación que tiene el Estado de garantizar igualdad en todos los niveles", lanzó la abogada.

Por su parte, Gabriela Santuccione, coordinadora del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, alertó sobre la gravedad del asunto. "El Ministerio ha tenido este tipo de actitudes con otros casos. Se ensañan con algunos temas. No pueden publicar el analítico de nadie. Es muy grave. Estuve hablando con funcionarios de otras áreas y están indignados con este caso. Estamos evaluando pasos a seguir con las abogadas. Hace tres años que terminó el secundario y no puede empezar ninguna carrera. Con estos actos, le estamos quitando valor al nivel educativo por sí mismo", sostuvo.

Santuccione recordó que la secundaria es obligatoria en Argentina. La mujer dijo: "Esto que está pasando es una barbaridad. Todo lo que le pidieron a Alan (desde la escuela) lo aprobó. El tema tiene una cantidad de incoherencia e inconsistencias impresionante. La apertura del diálogo de la familia es continua, pero desde el Ministerio no contestan los mails pero sí publican comunicados que desnudan datos íntimos de una persona. No hay nada que impida darle el título a Alán. Lo peor de todo es que la Escuela de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires avala este accionar del instituto educativo en cuestión y del Ministerio de Educación cuando deberían velar por el usuario. Le ponen toda la responsabilidad a Alan".

Y agregó: "La causa va a seguir judicializada. El Consejo Federal de Educación no tiene voluntad de trabajar en el tema de certificados de secundario para personas con discapacidad. Creo que la relación de diálogo que veníamos teniendo con la escuela de Alan retrocedió muchísimo desde enero. Que se publique la intimidad de los alumnos con discapacidad es un horror. A Alan esto lo está frustrando. Está cansado y se siente muy discriminado. Le están haciendo un daño a toda la familia".

Por último, la abogada advirtió que se están analizando las medidas legales a tomar. "Esto que pasó demuestra que las personas con discapacidad no solo debe superar todos los obstáculos para ingresar a un secundario común sino que una vez terminado se vuelve a chocar contra un paredón. El derecho de la educación es para todos y tiene que estar abierta para todos. Esperamos que algún funcionario tome cartas en el asunto. Apelo a la toma de conciencia de los funcionarios respecto a este tema", expresó.