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El impeachment o juicio político trae consigo mucho más que la sola destitución del cargo y si no se siguen los pasos legales de manera ordenada puede convertirse en un arma de doble filo utilizada para modificar el régimen de acceso al poder en una democracia.

La Constitución de Brasil define una serie de crímenes de responsabilidad, sin embargo la descripción y el procedimiento de la norma conocida como la "Ley del Impeachment" se encuentra en la Ley N° 1079, promulgada en 1950.

La norma establece la creación de una Comisión Especial, este órgano debe elaborar un dictamen que define si se procede o no a deliberar el asunto. En este aspecto, el diputado Eduardo Cunha, del PMDB (partido que integra la alianza oficial) impulsó la creación de dicha comisión, aprobada en medio de tensiones parlamentarias por 433 diputados de un total de 513.

La Comisión Especial cuenta con 65 miembros y un vocero.

 AFP 163
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Una vez realizado el dictamen por esa comisión pasa al plenario de la Cámara de Diputados para que la denuncia proceda, debe votar con un mínimo de dos terceras partes de sus miembros, unos 342 diputados.

En este proceso, Dilma Rousseff tiene un plazo de diez sesiones plenarias para presentar su defensa.

Cuando se cumple el dictamen de diputados, se considera decretada la acusación y se retira a la presidenta de su cargo de manera provisional. En ese caso, asume el vice presidente Michel Temer quien debe gobernar durante 180 días y en caso de que Dilma Rousseff sea culpable de la acusación, Temer deberá terminar el mandato estipulado hasta el 2018.

El plazo de 180 días es el tiempo que tiene la Cámara de Senadores para juzgar, y en caso de una eventual condena se requiere un mínimo de dos terceras partes de los votos de esa cámara, 54 senadores.

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Durante el proceso de juicio político el presidente del Supremo Tribunal Federal es quien preside el Senado.

Fueron más de 28 los pedidos de juicio político presentado en el último año contra la presidenta Rousseff basados, en su mayoría, por las maniobras contables con recursos públicos y la corrupción dentro del gobierno federal.

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En muchas oportunidades ante su arriesgada situación legal, Rousseff pidió a la población tranquilidad, confianza en su gobierno y aseguró que siempre actuó conforme a la ley.