Alfonso Prat-Gay va senadores sin informe clave sobre el acuerdo con los holdouts

El encuentro entre senadores y el ministro Alfonso Prat-Gay, junto a gobernadores que formaría parte de la reunión semanal de ese cuerpo, será para fijar posición sobre el acuerdo que el Poder Ejecutivo Nacional celebró con los acreedores de la deuda pública en cesación de pagos que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Abal Medina le envió una nota al ministro Alfonso Prat-Gay para solicitarle su presencia en caso de aprobarse el proyecto de ley en Diputados para que exponga las razones del entendimiento en una audiencia en el Senado.

Los legisladores de la Cámara alta de la comisión de Presupuesto invitaron también para esta semana a gobernadores y economistas para que expresen sus opiniones respecto del acuerdo. Además de citar a Prat-Gay, los senadores han citado al Procurador General de Tesoro, Carlos Balbín, para que difunda un informe acerca del dictamen que solicita la oposición, como también lo ha solicitado el diputado Diego Bossio.

Esta semana el Ministerio de Hacienda y Finanzas recibió un informe de 4 páginas del Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, en el que se advierte que "no respaldará los argumentos sostenidos por los letrados que representan al país en el litigio de los fondos buitre", porque alega que "no tiene competencia para pronunciarse al respecto".

En el escrito se informa que "los representantes legales fueron contratados a través del decreto 749/2002 firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde y que "los abogados de ese estudio no forman parte del cuerpo de abogados del estado que Balbín dirige, ni responden a sus órdenes".

En el Ministerio de Hacienda sostienen que no habrá un dictamen de la Procuración del Tesoro, tal vez de algunas respuestas a algunas preguntas que diputados de la oposición le enviaron a Alfonso Prat-Gay con respecto al proyecto para derogar la Ley Cerrojo y modificar la Ley de Pago Soberano y emtir los bonos para pagarle a los holdouts.

"No me corresponde ratificar o no lo que dice el estudio externo de la Argentina", dijo Balbín en declaraciones periodísticas y agregó que "la opinión que vale es la del representante legal del país en el exterior, designado por decreto, y yo no intervengo ahí". El funcionario de todos modos que este miércoles o jueves estará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde dará su visión, aunque no habrá un dictamen como solicitan los senadores, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae.

Opinión trascendente para la oposición

En el informe solicitado por diputados y senadores de la oposición se destaca el rol del Procurador General del Tesoro de la Nación "en su carácter de jefe del Cuerpo de Abogados del Estado, y quien en lo estrictamente jurídico comanda a los servicios jurídicos de toda la Administración Pública Nacional".

Esto implica que el Procurador del Tesoro deberá avalar o no lo que informan los dos estudios de abogados que asesoran a la Argentina en Nueva York (Cleary Gotlieb Steen & Hamilton y Cravath) acerca de su opinión legal sobre los posibles reclamos que pudieran plantear, tanto los tenedores que participaron de las reestructuraciones anteriores (holdins), como los holdouts ante una eventual implementación del pre acuerdo alcanzado con algunos de estos últimos.

Frente a esto, trascendió de fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas que "el dictamen no es vinculante y que lo que importa es lo que dicen los abogados de los estudios que asesoran a la Argentina en Nueva York".

Pero, por el contrario, desde la oposición dicen que "el dictamen del Procurador del Tesoro debería respaldar el proyecto con el argumento de que existe bajo riesgo de litigiosidad para la Argentina en caso de pagarle a los holdouts como indica el artículo 5 del proyecto".

Los abogados de Cleary Gotlieb Stenn & Hamilton han informado al ministro de Hacienda y Finanzas que los bonistas que entraron en los Canjes I y II no tienen la posibilidad de reclamar mejoras o compensaciones en particular porque la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) venció el 31 de diciembre del 2014. Pero desde la oposición algunos diputados, como Diego Bossio, del Bloque Justicialista, sostienen que "si no se cierra con todos los holdouts existe la posibilidad de litigio por parte de varios tenedores de bonos que entraron o no entraron a los canjes".

Al respecto el senador por el FPV Miguel Angel Pichetto advirtió que "ante una eventual ausencia del Procurador el proyecto no tendría la aprobación de la Cámara alta".

La oposición de diputados también le solicitó a Carlos Balbín que ratifique o no la conclusión a la que llegó el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton con los holdouts, respecto del casi nulo peligro legal de que bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 puedan litigar con la Argentina, exigiendo las mismas condiciones a las que llegaron los bonistas encabezados por Paul Singer con el Gobierno de Mauricio Macri.