En seis meses gastaron $750.000 en toner en una repartición de la Armada

El mismo día en que las máximas autoridades del Ministerio de Defensa ultimaban detalles de la presentación ante la Justicia de una denuncia penal por la desaparición de millones de municiones y otras irregularidades en Fabricaciones Militares durante la gestión del kirchnerismo, una investigación llevada adelante por personal de ATE con la cooperación de personal militar puso al descubierto una aparente maniobra de malversación de fondos públicos en la Escuela Nacional de Náutica, dependiente de la Armada pero conducida hasta el presente por un ex funcionario político de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Cientos de miles de pesos en tóner para una única impresora, y compras de sofware por $600.000 a una empresa propiedad de un subsecretario de Estado con responsabilidad funcional directa en el establecimiento naval son algunas de las irregularidades más descabelladas. "Son los ríos de tinta de Cristina", comenta risueño un docente del instituto que no sale de su asombro ante la noticia.

Si bien la Armada administra la escuela en la que se forman los Oficiales de la Marina Mercante, la autoridad de aplicación en lo relativo a la instrucción de ese personal es la Secretaria de Transportes (hoy Ministerio). Hasta el 10 de diciembre, el funcionario con mando sobre este instituto era el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Horacio Tettamantti, un conocido empresario marplatense dueño de la firma Servicios Portuarios Integrados, un polirrubro que maneja desde astilleros hasta la representación de empresas de equipamiento náutico y de simuladores de navegación.

De él dependía el director nacional de Marina Mercante, el capitán Sergio Dorrego, quien por obra y gracia del modelo y con la complacencia de la Marina de Guerra durante el gobierno de Cristina Kirchner, detentó entre 2010 y 2015 al mismo tiempo ese cargo junto con el de director de la escuela de formación naval. La propia Oficina Anticorrupción justificó este doble empleo "certificando" que Dorrego cumplía funciones de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 en la Armada y de 15:30 a 23:30 en la Secretaria de Transportes.

A mediados de 2015, luego de una serie de escándalos que tuvieron amplia difusión en los medios, la Armada envió a esa escuela a un grupo de marinos de guerra a efectos de efectuar discretas tareas de control sobre el accionar de Dorrego, quien detentaba el curioso estatus de ser su propio superior, ya que su cargo nacional estaba en directa relación con la tarea que desarrollan todas las escuelas públicas y privadas que forman al personal de la marina mercante.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó varias denuncias administrativas, laborales y penales contra el polifuncionario, incluso en el Ministerio de Defensa conducido por el ex ministro Agustín Rossi. Pero el ministerio sistemáticamente las mandaba al archivo sin investigarlas.

El recambio ministerial y de la cúpula naval hizo que muchos empleados de la Armada Argentina destinados en el lugar comenzaran a develar algunos misterios relacionados con el manejo de fondos y la forma discrecional en que se priorizaban sospechosas compras y contrataciones.

En este punto, personal de contaduría saco a relucir un lote de contrataciones efectuadas en 2015, entre ellas una llamativa compra de tóner para impresoras por $299.998,50, con el agregado de que poco tiempo después se realizó otra compra al mismo proveedor por $352.725. No conforme con ello, mediante el expediente 04/15 ESNN 3HO, el funcionario amplió la compra por otros $120.210,00, argumentando que los cartuchos son requerido para la impresora HP 5550 DN (la única de ese modelo que posee el instituto naval) correspondiente a la oficina de la Secretaría de Gestión de Certificaciones. Curiosamente, la propia Armada prohibió a sus escuelas de personal mercante que emitan certificados, algo que se hace en una dependencia de la fuerza ubicada en la calle Reconquista al 300.

Si esa adquisición suena disparatada, la compra de sofware por $600.000 a la empresa SPI (propiedad del jefe directo del capitán Dorrego en su otro trabajo) directamente raya en lo ilegal. Si bien el propietario de la mencionada firma había transferido su acciones al asumir el cargo, familiares y allegados quedaron al frente de la empresa y hasta su casilla de e-mail personal seguía perteneciendo al servidor oficial de la firma. Ahora, fuera de la función pública, ha retomado su cargo sin importar que la Ley de Ética Pública le impone una restricción de dos años para hacerlo.

Otras perlas encontradas en un lapso de tiempo auditado de pocos meses es la adjudicación de un servicio de limpieza por $1.000.000 en dos licitaciones, y la compra de material de limpieza por $300.000 al mismo prestador del servicio que se suponía tenía que traer su propio material para la tarea de limpieza. Tampoco parece tener justificación una abultada contratación de micros para dudosos transportes por más de $300.000 y la compra de "Banderas y Gallardetes" por $50.000.

ATE promovió una detallada denuncia ante la oficina de transparencia y ahora será esa cartera la que, una vez constatadas las irregularidades, elevará las actuaciones realizadas en sede administrativa a la Justicia federal.

"La labor del personal civil y militar de la Escuela de Náutica ha sido impecable y se analiza el curso de acción a tomar con la actual conducción", aseguran a Infobae desde la cartera que conduce Julio Martínez. La separación preventiva tanto de Dorrego como de su segundo al mando se perfilan al momento de cerrar esta crónica, como casi seguras.