En la publicación oficial se lee que el decreto busca que Maduro prosiga "brindando protección" a la población ante la "guerra económica" que, asegura, le ha declarado la oposición y que, unida a la caída de los precios del petróleo, mantiene al país en una severa crisis económica, expresada en desabastecimientos y alta inflación.
La renovación del decreto se produce un día después de que el Parlamento, bajo control de la oposición al gobierno, se declarara en "sesión permanente" para conocer sobre la renovación, autorizarla o negarla según las explicaciones que espera ofrezca mañana a los diputados el vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, citado para tal efecto al hemiciclo de los diputados.
La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
La mayoría opositora que controla la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) rechazó el 22 de enero el decreto inicial, pero este se mantiene en vigor gracias a que el 11 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró su plena "validez" y "vigencia".
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El estado de emergencia económica "entró en vigor" desde que fue dictado en enero y "su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantienen irrevocablemente incólume(s)", dice el fallo de febrero de la Sala Constitucional del TSJ.
"El control político de la AN sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos", insiste el texto judicial.
El presidente de la AN, el líder opositor Henry Ramos Allup, dijo tras la sesión dominical del Legislativo, que sólo sirvió para declarar a los diputados en "sesión permanente", que la solicitud de Maduro para que el Parlamento autorizara la prórroga entrañaba "un contrasentido".
Si el decreto presidencial sigue en vigor, pese a ser rechazado por los diputados, es porque así lo decidió "inconstitucionalmente" el TSJ y por ello, dijo Ramos Allup, "lo coherente" hubiera sido que Maduro le pidiera al mismo Supremo prorrogar su decreto.
Si optó por pedírselo a los diputados entonces será –evaluó Ramos Allup– que "ahora sí está dispuesto a informar" al respecto.
El Gobierno alegó en enero razones de "seguridad nacional" para requerir que los diputados recibieran las informaciones sin presencia de periodistas y, ante la negativa del Legislativo, Istúriz optó por citarlos a su despacho, lo que asimismo fue rechazado.
Si Istúriz mantiene su negativa a asistir a la AN, "¿entonces para qué enviaron el decreto aquí? ¿Por qué no lo enviaron al Tribunal Suprmo de Justicia?", se preguntó ayer Ramos Allup.
"Lo que pasa –prosiguió– es que las cosas tienen su propia inercia y tuvieron que mandar el decreto aquí (a la AN pasando) por encima de la decisión absurda del TSJ (que lo validó) porque así está en la Constitución; es aquí donde se debe aprobar o negar tanto el decreto como la prórroga", remarcó.
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