Unos 40 jóvenes con discapacidades intelectuales severas no tendrán a dónde ir y quedarán sin apoyo médico y recreativo a partir desde este lunes, luego de que hoy la Justicia desalojara de manera intempestiva el centro de salud al que concurrían diariamente, ubicado en el barrio porteño de Santa Rita.
La decisión fue tomada el jueves pasado y concretada esta mañana por el juez Martín Christello, del Juzgado Civil Nº 103. La orden se efectuó mediante la fuerza pública y sin preaviso hacia los profesionales y familiares que envían los chicos al Centro Educativo y Deportivo Especial (CEDE), una ONG que se dedica al tratamiento y contención de personas con trastornos severos de orden neurológico, motriz y de desarrollo intelectual con programas de salud, educación, deporte, cultura y comunicación.
El procedimiento se produjo sin ningún tipo de miramientos ni sensibilidad social hacia los pacientes y los 60 trabajadores que prestan tareas en la institución sin fines de lucro, quienes hoy observaban impávidos como vaciaban y retiraban elementos vitales para el funcionamiento del lugar, como sillas de ruedas, vajilla de cocina, instrumentos de kinesiología y material pedagógico, entre otros.
Analía Moreiro, nutricionista del CEDE, denunció a Infobae que la resolución judicial se llevó adelante pese a que el defensor público de Menores e Incapaces, Marcelo Calabrese, garantizó a los familiares que no iba a producirse la desocupación del centro de día ubicado en Margariños Cervantes 3235.
"Desde el jueves hay una orden de desalojo. Nos sorprendió este desalojo tan violento, aprovechando el fin de semana a propósito cuando no hay nadie. Vinieron con camiones de fletes y dos patoteros que amedrentaron a la gente", relató la profesional de la salud.
Hubo momentos de forcejos y tensión en el operativo cuando se produjo el cambio de cerraduras del centro e irrumpió en escena uno de los dueños del inmueble. Todo ocurrió bajo la mirada y aval de la Justicia, que no intercedió en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
"Estamos hablando de chicos con patologías graves, con parálisis cerebral y alteraciones del cromosoma X. Son gente que está en silla de ruedas y que no puede trasladarse. Uno de ellos tuvo hoy un brote ante el desalojo. Queremos que el lunes las puertas se abran y que todo se pueda resolver de otra manera", agregó Moreiro.
El CEDE, que funciona desde 1989, mantiene un conflicto desde hace 6 años con el propietario del establecimiento. Según los colaboradores de la institución, uno de los socios del proyecto desconoció unilateralmente el contrato firmado con la ONG en 2010 y que tenía vigencia hasta abril de este año. Denuncian que el dueño pergeñó una gran mentira y que utilizó a la institución para armar ahora otro proyecto inmobiliario.
"Uno de estos socios se encaprichó para que la institución no funcione más. Nos dijo que nos vayamos, que no nos quiere más en el lugar,y que no le importa un carajo lo que pueda ocurrir con los chicos. No hubo sensibilidad en absoluto", fustigó Moreiro en diálogo con este portal.
Los trabajadores relataron que la ONG paga periódicamente el alquiler del espacio, y que su intención es comprar el inmueble, o bien que les den tiempo necesario para que los padres y madres puedan trasladar a sus hijos e hijas a otro centro de salud adecuado.
"Queremos que nos den la posibilidad de adquirir el predio para que nuestros hijos no pierdan sus tratamientos. En la actualidad, no existe otra institución que atienda estas patologías, además de que nuestros hijos han entablado una relación de afecto invaluable con todo el personal de la institución y que perderán este vínculo valioso creado a lo largo de los años", denunciaron los padres a través de un petitorio lanzado por la red social Change.org.
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