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Política viernes 11 de marzo 2016

Así desviaban fondos del PAMI al Estado Nacional

Fabio Ferrer

Por: Fabio Ferrer fferrer@infobae.com

El ex titular del organismo Luciano Di Cesare quedó al borde del juicio oral acusado de realizar la maniobra en perjuicio de la calidad de los servicios brindados a los jubilados. La operatoria alcanzaría los 15 mil millones

viernes 11 de marzo 201617:42
Crédito: NA

El fiscal federal Franco Picardi pidió que se eleve a jucio oral la causa en la que está imputado el ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Luciano Di Césare.

El ex funcionario kirchnerista está acusado de defraudación a la administración pública al desviar fondos desde el organismo hacia el Estado nacional a través de letras del Tesoro Nacional.

Según el requerimiento del fiscal, la maniobra se realizó entre los meses de diciembre de 2008 y 2012 por un monto que llegaría a los 15 mil millones de pesos.

El hecho que se investiga comenzó cuando el entonces secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, "invitó" –mediante un oficio (una nota)– a Di Césare a evaluar la posibilidad de suscribir letras del Tesoro con los fondos excedentes del PAMI.

En su escrito el fiscal Picardi indicó que esta maniobra "ha resultado perjudicial para el cumplimiento de los fines prestacionales y asistenciales del organismo".

Además destaca que se pudo hacer "durante el prolongado período de cinco años" por las "deficiencias en el registro de contabilidad del PAMI", la "laxitud de los controles internos" y la "imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos".

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Luciano Di Cesare, ex titular del PAMI
Luciano Di Cesare, ex titular del PAMI


Cómo era la maniobra

Según más de 70 elementos de prueba colectados durante la investigación, el desvío se produjo a partir de un presunto excedente de recursos del PAMI. Esos recursos se usaban para invertir en letras del Tesoro Nacional.

Este excedente se generaba a partir de "injustificadas demoras en los pagos a los proveedores, en la inversión y mantenimiento de las instalaciones, en la disminución de la calidad de los servicios prestados".

Entre las pruebas que acreditan esta operatoria, el fiscal cita informes de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación.

Picardi también señala que se toleraban "situaciones de déficit prestacional, económico y financiero" para aumentar el excedente que luego se desviaba al Estado Nacional.

La Ley 19.032 por la que se creo el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados autoriza a colocar fondos en letras cuando se trata de excedentes, pero –según el razonamiento del fiscal– "no se explica el porqué del empleo de elevados montos en la inversión que hizo Di Césare a la luz del déficit situacional del instituto que en modo alguno habría permitido considerar que quedaban excedentes".

Hasta ahora las sumas de dinero que el fiscal pudo identificar que pasaron del PAMI al Estado nacional por el accionar de Di Césare son:

  • 17/12/2008 al 23/12/2008: $ 880.000.000

  • 23/12/2008 al 17/09/2009: $ 1.000.000.000

  • 17/09/2009 al 26/10/2009: $ 1.630.000.000

  • 26/10/2009 al 23/12/2009: $ 2.130.000.000

  • 23/12/2009 al 23/04/2012: $ 2.830.000.000

  • 23/04/2012 al 19/06/2012: $ 2.330.000.000

  • 19/06/2012 al 10/09/2012: $ 1.630.000.000

  • 10/09/2012 al 10/10/2012: $ 1.230.000.000

  • 10/10/2012 al 10/11/2012: $ 820.000.000

  • 10/11/2012 al 10/12/2012: $ 410.000.000

"Concretamente, se le imputa a Di Cesare el hecho de que abusándose de la calidad funcional que detentaba en el ejercicio del cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en tanto tenía la administración de bienes destinados a satisfacer los objetivos establecidos por la ley (n° 19.032), vinculados estos con la atención de la salud y el bienestar de las personas afiliadas a la institución, desvió fondos de sus arcas, y les dio un destino diferente al de sus fines propios, circunstancia esta que ocasionó un perjuicio en las prestaciones asistenciales debidas", señala el fiscal Picardi en el requerimiento de elevación a juicio.

Tras el requerimiento del fiscal, el juez federal Claudio Bonadio debe decidir si hace lugar y resuelve elevar la causa a juicio oral.

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