En un intento por afianzar su relación con el sector militar, el gobierno de Nicolás Maduro le otorgó el control de diversas empresas en sectores claves, como de la producción petrolífera, minera y agrícola. La iniciativa se da en un clima de creciente descontento social por parte del pueblo venezolano.
"Se garantiza la lealtad militar, que está cada día más puesta en duda, como consecuencia del deterioro significativo de la economía y el incremento de la corrupción", dijo al diario El Nuevo Herald el analista Diego Moya-Ocampos, de la consultora IHS. "Los militares estaban en muchas partes en este régimen, pero nunca antes habían estado metidos en las empresas extractivas", agregó.
La medida se acompañó de otras, como la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), dependiente del Ministerio de Defensa. "Esta empresa va a ser un nuevo zarpazo a la economía del país. Eso va a fomentar la corrupción completamente", sostuvo la presidente de la Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
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