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EEUU jueves 03 de marzo 2016

Barack Obama renovó la "declaración de emergencia" sobre Venezuela

El presidente de EEUU emitió una orden de continuidad de un año a la decretada en marzo de 2015. Según indicó, "la situación no ha mejorado" y "el Gobierno continúa erosionando las garantías de los DDHH"

jueves 03 de marzo 201619:29
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Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó hoy que Venezuela sigue sufriendo "la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos".

En una carta a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, como ordena la ley, Obama señaló que es "necesario continuar la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13692 con respecto a la situación enVenezuela", que el mandatario había ordenado el 8 de marzo de 2015. La situación desde entonces "no ha mejorado" en Venezuela, indicó Obama.

Según la Casa Blanca, el gobierno venezolano continúa la "erosión de los derechos humanos", "persecución de opositores políticos, limitación a la libertad de prensa, uso de violencia y violaciones a los derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales".

Los manifestantes opositores son detenidos de manera "arbitraria" y existe una "irritable presencia de importante corrupción" en el gobierno, añadió el mandatario estadounidense.

El 8 de marzo de 2015, el presidente estadounidense afirmó el decreto que hoy renueva. En ese documento, su administración afirma que Venezuela es una amenaza contra la seguridad de los EEUU.

La declaratoria es una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses.

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La acción ejecutiva ordenaba la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios militares y policiales venezolanos, a quienes señala por violaciones de derechos humanos.

Las medidas estaban dirigidas contra siete dirigentes policiales, militares y judiciales vinculados, según Washington, con la represión de las manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014 y con el enjuiciamiento de dirigentes opositores.

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