La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky y la Autónoma (CTAA) de Pablo Micheli; sindicatos adheridos a estos sectores y entidades sociales, marcharon a la Plaza de Mayo y el centro fue un caos en el marco de un paro nacional en reclamo de diversas demandas. Pasadas las 15 los manifestantes descomprimieron y el protocolo antipiquete no llegó a aplicarse.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación aseguran que ellos no tienen injerencia. El lunes, el gobierno de la Ciudad dijo que aún no estaban dadas las condiciones para ponerlo en práctica. Mientras las autoridades se pasan responsabilidades, el protocolo antipiquete no se aplicó.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras del protocolo, se encontraba en el exterior y, según afirmó, delegó en su par de la Ciudad, Martín Ocampo la aplicación de medidas tendientes a prevenir que la marcha de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) afecte el derecho a circular libremente de miles de personas.
Pese a que el gobierno porteño que lidera Horacio Rodríguez Larreta ya tiene a su cargo a la recientemente traspasada Policía Federal Metropolitana, las fuerzas de seguridad casi no entraron en acción y ni siquiera intervenían, en algunos casos, para al menos guiar a los automovilistas que pugnaban esquivar los cortes en plenos caos de tránsito.
Sin freno, las CTA nacionales y provinciales paralizaron sus tareas para acompañar a los estatales en el rechazo de "los despidos producidos en los sectores público y privado", por "las inmediatas reincorporaciones" y en demanda de "la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios", entre otras reivindicaciones.
Todos esos sectores también rechazan el "Protocolo de Seguridad" ante "las protestas sociales" porque implica "criminalizar la protesta". Esta mañana hubo un corte de calle en el centro y una fiscal ordenó aplicar un protocolo de 2003 para liberar el piquete.
El secretario general de la CTA bonaerense, el docente Roberto Baradel, aseguró que las consignas de la medida de fuerza son claras: "No a los despidos y reincorporaciones en el sector público y privado y rechazo a esa situación en las pequeñas y medianas empresas, asfixiadas por "la inflación y la apertura indiscriminada de las importaciones".
Para el dirigente de Suteba, se protesta porque se procura terminar con "un techo del 25 por ciento a las paritarias, que ya fue rechazado de plano, porque no es posible avalar una inflación del 35-40 por ciento y firmar por mucho menos", ya que ello significaría "una pérdida rotunda del poder adquisitivo de los trabajadores".
Otra de las consignas del primer paro laboral en el gobierno del presidente Mauricio Macri fue en rechazo a "la criminalización de la protesta social".
La jornada nacional de lucha se cumple en los 78 hospitales públicos bonaerenses y en las dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires. La totalidad de los gremios participaron en la movilización hacia la Plaza de Mayo, con previa concentración a las 11 en las avenidas 9 de Julio y Belgrano.
Micheli, ex titular de la ATE y secretario general de la CTA Autónoma, reclamó también "la derogación de la Ley Antiterrorista" y mejores salarios y condiciones laborales, en tanto que el jefe de la otra central, el docente Hugo Yasky, aseguró que el sector respaldará "en la calle el paro general de los estatales", y advirtió que si el gobierno nacional no revierte las medidas "el conflicto se profundizará".
A medianoche comenzó la huelga convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) que lidera Jorge Yabkowski, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) Histórica y la Federación Judicial.
Más de 30 mil médicos, profesionales y trabajadores estatales de la salud de todo el país agrupados en la Fesprosa se sumaron al paro nacional desde las 0 hora y durante toda la jornada.
También protestan los médicos agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) ante "la inconsistencia absoluta" de la oferta realizada en "la paritaria general de los estatales, inferior al 15 por ciento anualizada y fragmentada en cuatro cuotas, por lo que fue inmediatamente rechazada".
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