El gobierno nacional dio hoy de baja los cuestionados convenios firmados con universidades y otras entidades educativas, como modo de contratación de empleados públicos. El decreto 336, publicado hoy en el Boletín Oficial, deja sin efecto a partir del 1 de abril de 2016 los acuerdos firmados con las altas casa de estudios "cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero" de parte del Gobierno de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
La normativa, que lleva la firma de Mauricio Macri, establece que los convenios que impliquen la contratación de personal deberán contar, además, con el visto bueno del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. En todos los casos deberá intervenir la jefatura de Gabinete, comandada por Marcos Peña.
La medida tiene un impacto sensible en la planta del personal del Estado, ya que miles de trabajadores fueron ingresados por el kirchnerismo bajo esta modalidad. Por ejemplo, un caso emblemático es el que ocurrió en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Allí, alrededor de 600 de sus 700 empleados habían entrado gracias a las llamadas "asistencias técnicas" firmadas entre el Ministerio de Planificación y las universidades públicas de Tres de Febrero, La Matanza y General San Martín.
El decreto mandata también a la SIGEN a que realice auditorías de los cobros de salarios de aquellos trabajadores que hayan ingresado bajo esta modalidad durante los últimos 4 meses del 2015, y instituye el "Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas", que estará bajo la órbita del ministerio de Educación y Deportes, que conduce Esteban Bullrich.
El Gobierno justificó la baja de los convenios con el objetivo de "asegurar gestión pública de calidad" a partir de una "utilización eficiente y racional de los recursos públicos".
Lo cierto es que la medida adoptada se inscribe en el marco de los despidos y cesantías de empleados públicos que impulsó el Poder Ejecutivo en todas los ministerios y organismos del Estado, que arrancó principalmente sobre los trabajadores "precarizados" que no forman parte de la planta estable del Estado. Los recortes en la plantilla provocaron varios conflictos gremiales y protestas encabezadas por el sindicato ATE.
La semana pasada, el ministro Ibarra había manifestado que estaban bajo la lupa "25 mil contrataciones efectuadas en los últimos 3 años", entre las que se cuentan aquellas realizadas a través de esta modalidad, conocidas como "asistencias técnicas". La política adoptada coincide también luego de que el fiscal Guillermo Marijuan iniciara una investigación preliminar sobre el otorgamiento de fondos por parte del Gobierno de Cristina Kirchner a universidades estatales.
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