Para detener al sargento Abel Palomino y al subteniente Daniel Escurra junto a sus colegas y presuntos cómplices, el oficial principal Laureano Pérez Rodríguez y el subcomisario del Comando de Patrulla, Leandro Damián Arenas, no hizo falta una violenta redada con puertas derribadas con arietes y gritos de alto. El entonces titular de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, comisario mayor Darío Ibañez apenas tuvo que citarlos en su despacho, una modalidad acordada entre la Justicia y el jefe policial. No hubo sospechas en un principio: los detenidos hasta saludaron a su superior con el respeto correspondiente. Era una situación al menos irónica. El crimen por el cual el fiscal federal Pablo Larriera y el juez Santiago Inchausti pidieron su arresto fue tan oscuro como insólito.
En mayo de 2011 en Sierra de los Padres, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los cuatro oficiales le robaron tres kilos de cocaína a un narco en una redada ficticia. Intentaron vender una parte; otros cien gramos le fueron plantados a un hombre para detenerlo ilegalmente. Su motivación: aumentar sus estadísticas de eficiencia y lograr aumentos y promociones. No fueron los únicos involucrados. Hubo dos civiles detenidos. Uno de ellos, Marcelo Cortadi, recibió cinco disparos luego de una discusión con un joven cuando iba junto a su esposa en un Renault Clio el mismo día que se ordenaron las detenciones para morir horas después.
La investigación comenzó en 2012 con medidas como teléfonos intervenidos que hasta detectaron una oferta de 250 mil pesos para liberar una zona, para enfrentar el entramado burocrático de la Justicia bonaerense luego de ser cerrada con un procesamiento y prisión preventiva para los imputados. Hoy, por el hecho, los policías enfrentan un juicio oral aún sin fecha definida, pedido por el fiscal marplatense Nicolás Czizik.
Sin embargo, al menos Escurra y Palomino están libres. Esta libertad fue apelada esta mañana por Daniel Adler, fiscal general ante la Cámara en Mar del Plata, en un recurso de casación presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones al que accedió Infobae y en términos al menos enfáticos. En noviembre del año pasado, Adler ya había recurrido la libertad de Laureano Pérez y la de Arenas en forma separada. Hoy, ataca la resolución de la Cámara de febrero de 2015 de darle la libertad a Escurra y Palomino.
Adler apunta a los motivos de la Cámara para dejar libres a policías acusados de, básicamente, manejarse como narcos y abusar de su poder. Objeta que se considere que el caso supuestamente no sea un delito complejo, y señala que se ha "omitido valorar las amenazas a magistrados del Ministerio Público Fiscal el día que se detuvo a la banda policial" ocurridas a metros de los tribunales federales marplatenses. Sumado a la muerte de Marcelo Cortadi, se vuelve un hecho inquietante.
En una intimidación sufrida por Larriera y Adler que hoy investiga la fiscal federal Laura Mazzaferri y que llevó a la identificación de una patente, "dos rodados con los vidrios polarizados que cruzan raudamente la calle en dirección a la puerta de la sede de esta dependencia, enlentecen su marcha (hasta casi detenerla), con sus ocupantes observando desde el interior, para inmediatamente acelerar y marcharse del lugar, todo lo cual sucede, casualmente, horas después que esta justicia de excepción dispusiera la detención de cuatro funcionarios policiales resulta cuanto menos llamativa e intimidante", asegura el escrito presentado por el fiscal Adler.
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