Lorena Moscovich: "No había estado de derecho en los barrios de la Tupac Amaru"

Lorena Moscovich, investigadora de la Universidad de San Andrés, dijo en el piso de Infobae TV que "la protesta social era un medio para acceder a recursos que canalizaban demandas sociales concretas", pero apuntó que igual "hay que garantizar que se cumplan todos los derechos sociales, políticos y civiles de las personas, sin obligarlas a pertenecer a ninguna organización" para recibir un beneficio.

En ese sentido, consideró legítimo investigar por qué la Tupac Amaru tiene 300 armas registradas en el RENAR, "para qué las necesita una organización social, preguntarse si no tendrá otras armas no registradas".

La politóloga aseguró que el desafío del gobernador Gerardo Morales es ordenar la ayuda social sin criminalizar la protesta.

— ¿Cuál es exactamente el título del papel que publicaste?

— Se llama "Gobernadores versus organizaciones", salió en el 2013 en la revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político. En particular me concentré en el estudio de la relación de la organización Tupac Amaru con el gobierno federal y el provincial, y cómo la protesta era un medio para acceder a recursos en el marco de una buena relación con el gobierno federal y la protesta era un instrumento de presión para el gobierno provincial. Es decir, la protesta social tenía dos funciones distintas, dependiendo de si la organización se dirigía al gobierno federal o al provincial. Y ese triángulo conflictivo entre nación, provincias y organizaciones es el que estudio en ese artículo.

— Seguiste el caso de Tupac Amaru, y viajaste varias a veces a Jujuy para ver cómo funcionaba esto en el territorio.

— Sí, hice trabajo de campo en el 2009, yo había viajado previamente en el 2008 y me llamó mucho la atención el crecimiento de la organización. Emerge en el 2001 como una organización de desocupados muy chiquitita, y se va consolidando. En el 2003 el gobierno de Néstor Kirchner le pasa los primeros planes de vivienda y cuando ellos demuestran eficiencia en la administración de los recursos, porque hacen las obras en tiempo récord, le van ampliando los recursos, y se consolida la relación con Alicia Kirchner.

— De algún modo vos decís que al principio le resultaba funcional al gobernador Fellner el crecimiento de la Tupac Amaru para diluir al Perro Santillán, pero eso después se le vuelve en contra.

— Se le va de las manos. En Jujuy hay una historia política compleja en los 90, cambiaron ocho gobernadores, hubo cortes de ruta, el Perro Santillán dirigía la Corriente Clasista Combativa en Jujuy, y fue el líder de las protestas en el marco de una elite dividida que no podía controlar el poder político. Eso genera una década muy conflictiva. A principios del 2001 para Fellner era funcional promover otros grupos de la sociedad civil. La sociedad civil jujeña es muy activa, muy movilizada, a la vez era una provincia con gente con grandes necesidades, muchas de las cuales eran resueltas por estas organizaciones. Ahora, después la Tupac Amaru se les va de las manos.

— Además, ya no podía mediar entre la organización y el Estado federal, porque se instaló una relación directa entre Milagro Sala y el gobierno nacional.

— La mecanánica era la siguiente. Los recursos federales iban a la provincia y la provincia tenía que derivarlos a la organización. Cuando esa derivación se demoraba, la organización hacía los famosos acampes durante un montón de semanas con carpas en la plaza, chicos y comidas ahí mismo, generando molestia en la opinión pública de San Salvador, y el gobernador se veía presionado para dar los recursos más rápidamente. Este mecanismo era muy habitual y era de esperar que se repitiera ahora con Morales, pidiéndole recursos que tal vez Morales no tenga para darle, porque no creo que le den tantos recursos a Milagro Sala como antes.

— Tal vez Milagro Sala no percibió el cambio político nacional y provincial profundo, porque si después de tantos años el peronismo pierde las elecciones en Jujuy parece evidente que ella tuvo que ver con esa derrota.

— Me parece que más que no haberse dado cuenta, la gran preocupación de la organización es cómo sostener sus actividades sin el flujo de recursos federales. En muchos casos, se autofinancian, porque lo que ellos hacían era combinar recursos de diferentes programas sociales, los ponían en un pool común, y refinanciaban. Cumplían con los objetivos de las políticas, y a la vez, reinvertían. Ellos tienen empresas constructoras, textiles.

— ¿Esa es la razón que explica la obsesión por cobrar en efectivo?

— La verdad, no tengo el detalle de cómo manejan las finanzas, lo que sí sé es que juntan recursos de diferentes orígenes y los van reasignando. En la medida en que fueron generando recursos propios, porque tienen los materiales y construyen a menor costo, resultan más eficientes. Luego, la calidad de la vivienda es variada, muchos vecinos se quejan, este crecimiento no tiene control estatal. El intendente de San Salvador decía que no se coordinaba nada con el municipio, entonces se hacieron casas pero no tienen redes de cloacas ni infraestructura básica. Las razones por las que quieren cobrar de una u otra manera las desconozco, pero la escala a la cual llegó la organización generó consecuencias particulares. Ellos decían que podían sacar 10 mil personas a la calle de un día para el otro, aunque hay que ver qué pasa con esa capacidad de movilización ahora que no recibirán los mismos recursos.

— Es muy interesante lo que decís, Lorena, porque evidentemente la organización cumplió un rol clave para dar respuesta a problemas concretos que tenía la población de menos recursos, pero nunca aceptaron regirse bajo reglas democráticas consensuadas con los demás actores de la provincia de Jujuy.

— Hay dos cosas que me parece que vale la pena remarcar. Todos los gobiernos coordinan con organizaciones sociales, primero porque no tienen la estructura burocrática para llegar a todos los territorios, pero además porque las organizaciones son vehículos de demanda ciudadana. El problema es que es que el gobierno de Jujuy renunció a controlar qué es lo que pasaba con la gente en los barrios, no hay estado de derecho en los barrios de la Tupac Amaru, uno puede estar más o menos en desacuerdo con las reglas de conducta que la organización tiene, pero no es la organización la que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, sino el Estado. El Estado renunció a su poder de policía, a administrar justicia en determinados territorios. Creo que corresponde también controlar lo que hizo la administración anterior, qué se hizo con los fondos, y qué pasa con la gente que vive en esos barrios, si tienen sus derechos respetados, si las escuelas tienen el nivel educativo correcto. Yo personalmente vi los espacios de la organización, y ví servicios de calidad, como dar el segundo tomógrafo que hay en la provincia, la segunda pileta climatizada, el punto es que el Estado no debe delegar en una organización que, en ausencia de control, lo va a hacer como le parezca. Porque sin control, los fondos pueden derivarse a fines particulares o a dar servicios sin la calidad mínima.

— ¿Por qué creés que el Estado dejó de actuar en esos territorios?

— Yo creo que nunca lo hizo. Por un lado, el Estado de la provincia tenía las manos atadas frente al flujo de recursos que venía de la Nación, pero podría haber administrado los medios para generar políticas públicas propias a nivel provincial, alianzas particulares a nivel federal o con organizaciones internacionales. No solo para canalizar la participación ciudadana, sino para atender las demandas de la población.

— ¿En relación a la sociedad jujeña, dirías que hay racismo, desprecio por las organizaciones sociales o sectores más humildes de parte de los más acomodados?

— Creo que hablar de la sociedad me llevaría a caer en generalizaciones un poco injustas. Sí creo que hay una elite cerrada como en muchas provincias, que son los que manejan las cámaras empresarias, medios de comunicación, que son los que participan en política y que, como en muchas provincias, el juego político se da entre estas familias. Y la mayor parte de la población ve, de hecho, cerradas las puertas a los lugares más altos del poder provincial. Creo que eso existe, aunque no creo que haya un racismo en la sociedad jujeña, pero las mayorías no tienen acceso al poder.

— ¿Y cuál sería el desafió de Gerardo Morales, el nuevo gobernador de Jujuy?

— Muchos. Primero, ordenar la ayuda social y canalizarla a través del Estado, para que las personas puedan acceder a esta ayuda sin que se sientan obligadas a ser parte de la organización. Si quieren, que lo sean, pero que no sea una obligación. Por otra parte, es delicado lo que está pasando en Jujuy. Me parece importante que el gobernador pueda demostrar su fortaleza y plantarse y decir "acá el que gobierna es el Estado", pero iniciar un proceso judicial en el marco de una protesta social, criminilizando la protesta, puede ser un arma de doble filo, porque puede volcar a la sociedad del lado de Milagro Sala, y quitar fuerza a la investigación de otras denuncias, como la violación de derechos humanos en los barrios de Milagro Sala o desvíos de fondos, que son las razones más importantes para controlar la Tupac Amaru.

— ¿Dirías que estas denuncias en relación a vínculos de Milagro Sala con redes de narcocriminalidad son atendibles?

— El vínculo de la organización con distintos sectores de la sociedad civil jujeña se da hace muchos años. Por ejemplo, Milagro Sala tiene estrecha relación con la barra brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y hay comentarios en relación a sus vínculos con el narcotráfico. Creo que vale la pena que sea investigado. La organización tiene 300 armas registradas en el Registro Nacional de Armas, uno puede preguntarse por qué una organización de la sociedad civil necesita tantas armas, qué hace con ellas, preguntarse si tiene otras armas, además de las que no tiene registradas. El Estado tiene que controlar que sea él mismo el que hace uso monopólico de la fuerza y que no hay otros actores hagan uso de la fuerza o desarrollen actividades que estén fuera de la ley.

— Evidentemente hubo una ausencia del Estado.

— Hay que hacer buenas alianzas con las organizaciones sociales, pero garantizando que todos tengan sus derechos respetados, sociales, políticos y civiles.