El cambio de gobierno trajo renovación política, pero también la obligación de saldar cuentas pendientes con funcionarios que ejercieron el poder durante años. Y en algunos casos las cifras sorprenden.
En ese grupo se inscribe Héctor Timerman, que finalizó sus funciones el 9 de diciembre y cobró 575.000 pesos por licencias no usufructuadas acumuladas en los últimos seis años.
La ley del empleo público señala que no se pueden acumular licencias por más de dos años, pero Timerman se vio beneficiado porque la reglamentación anula la restricción en los casos que involucran al jefe de Gabinete, el secretario General de la Presidencia, ministros, secretarios y subsecretarios.
Los empleados públicos no pueden acumular licencias por más de dos años, pero los funcionarios de alto rango, sí
En los casos mencionados, las vacaciones pueden acumularse hasta por un período de 10 años sin que se venzan y pueden ser cobradas cuando se oficializa el cese de funciones. El argumento que justifica la norma es que esos cargos muchas veces impiden tomarse licencia por obligaciones profesionales.
El número impacta en un contexto de achique estatal, en el que diariamente se conocen noticias de miles de despidos de personal contratado e incluso de gente que formaba parte de la planta permanente tanto en el Congreso como en municipios y diversos ministerios.
Sin embargo, en estos casos el pago se hizo antes de que se oficializara el cambio de Gobierno: "No se consultó con las nuevas autoridades porque se realizó dentro del período correspondiente a la administración anterior", explicó Paula Ferraris, ex secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería en declaraciones a La Nación.
El pago se hizo antes del cambio de Gobierno: la nueva administración podría revisarlo, pero la auditoría está acéfala
La misma ex funcionaria aprobó la cancelación de la deuda con Timerman y se autoliquidó $484.540,64 por vacaciones acumuladas por cuatro años. Lo mismo ocurrió en los casos de Guillermo Oliveri, ex secretario de Culto de la Cancillería y Juan Landaburu, ex subsecretario de Culto: el primero percibió $459.783,09 y el segundo un total de $362.988,13 por licencias acumuladas.
Las autoridades del nuevo gobierno sólo podrían revisar estos onerosos desembolsos en caso de existir alguna irregularidad. No parece que esto vaya a suceder, fundamentalmente porque la auditoría que podría avanzar en ese sentido está acéfala.
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