La infanta Cristina y su esposo estaban citados el lunes para el comienzo de un juicio histórico en el que, por primera vez desde la restauración de la monarquía en 1975, un miembro de la familia real española afrontará cargos penales.
La infanta Cristina, de 50 años, y su esposo, estarán presentes en el comienzo del juicio histórico en el que está acusada de dos delitos de evasión fiscal. La causa la inició en el año 2010 el juez José Castro y duraría hasta el mes de junio.
Nombres vinculados con la política como el ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente del FMI, Rodrigo Rato; el ex alcalde, ex presidente de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; y el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, están citados a declarar como testigos en un juicio por el que pasarán un total de 363, indicó RTVE.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para 14 de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la infanta y 16 y medio para su ex socio Torres.
Cristina se sentará en el banquillo junto a otras 17 personas, incluido su esposo, el medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario Iñaki Urdangarin, quien afronta el cargo más grave, el de utilizar su título de duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos, una organización no lucrativa que dirigía con otro asociado.
Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales por usar presuntamente el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid.
La hermana del rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón. Este sindicato considera que el papel de la infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de los años 2007 y 2008.
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