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Política domingo 03 de enero 2016

Los riesgos de un narcoestado

Alberto Amato

Por: Alberto Amato

domingo 03 de enero 201610:15
Operativo antidroga en Rosario - imagen de archivo
Operativo antidroga en Rosario - imagen de archivo Crédito:

Curiosa paradoja la de los penales argentinos de máxima seguridad: es muy difícil entrar en ellos y muy fácil escapar de entre sus rejas. Esa inquietante cualidad carcelaria desató una fantástica cacería humana, casi sin precedentes en las últimas décadas, con la que el país recibió entre el asombro y la angustia al nuevo año. Todo un símbolo.

La fuga del penal de General Alvear de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci, condenados a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez de agosto de 2008, reavivó parte de la historia sombría del kirchnerismo: el oscuro financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007, (en la que cabe la ya casi olvidada valija con ochocientos mil dólares que pretendió entrar al país desde Venezuela Guido Antonini Wilson), las vinculaciones de un sector del poder político con el narcotráfico y la corrupción desembozada que infecta a los cuerpos de seguridad.

La fuga, que pareció guionada por el Súper Agente 86 (los asesinos se fugaron después de empujar un Fiat destartalado estacionado en el penal) fue un cachetazo en la dura "educación presidencial" que padece la flamante gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que actuó rápido y con decisión: relevó a la cúpula del Servicio Penitenciario provincial y amenazó con denunciar penalmente a quienes hubiesen facilitado la fuga. Denunciar es una cosa y probar los hechos es otra.

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La libertad de los tres asesinos beneficiaba a quien fuera Jefe de Gabinete de la ex presidente, Aníbal Fernández. El año pasado, Martín Lanatta confesó a Jorge Lanata que el personaje al que en la trama del triple crimen llamaban "La Morsa", era Fernández, que, dijo, había sido el instigador de las muertes. Debía ratificarlo ante la jueza Servini de Cubría. De todos modos, el ex ministro recurrió a una estrategia que al kirchnerismo le dio fantásticos resultados durante los doce años de gestión: tomar una evidencia y presentarla en sentido contrario y en propio beneficio.

Aníbal Fernández dijo enseguida después de la fuga, que era culpa de Vidal y que se trataba de una devolución de favores por la denuncia que Lanatta había hecho contra él, contra Fernández, y que le había hecho perder las elecciones a gobernador de octubre pasado. Pálida, y con un toque de ingenuidad, pese a que quienes la conocen dicen que de ingenua tiene poco, la gobernadora sugirió que Aníbal Fernández "se llame a silencio", como si una apelación a la moral o a la ética pudiese frenar la verborrea del ex ministro.

Todo esto, que asemeja una novela nacida de la mano de Dostoievsky, sucedió en apenas tres o cuatro días, mientras la Justicia condenaba a duras penas de cárcel a Claudio Cirigliano, uno de los concesionarios del tren Sarmiento y a los ex funcionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por el accidente de febrero de 2014 que provocó cincuenta y un muertos y decenas de heridos en la estación de Once; todo sucedió también mientras el presidente Mauricio Macri era sobreseído en una causa por escuchas judiciales que lo tuvo colgado del pincel mientras fue jefe de Gobierno de Buenos Aires y que la Justicia cerró de un plumazo días después de su asunción. Y sucedió también cuando el Gobierno creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para dejar atrás a la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y con la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), una decisión que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, definió con una frase sugestiva: "Hoy termina la guerra contra el periodismo en la Argentina".

En el país, los hechos suceden a una velocidad mayor que la capacidad de aprehensión y comprensión ciudadana.

Los hechos suceden a una velocidad mayor que la capacidad de aprehensión y comprensión

Porque todo sucedió también, sucede aún cuando los tres asesinos fugados aparecen y desaparecen como fantasmas de localidades del sur del Gran Buenos Aires, balean a policías con armas de guerra y siguen en fuga como si contaran con una inexpugnable red logística de apoyo y contención, todo sucedió también mientras la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, con mayoría kirchnerista, se negó a tratar el presupuesto presentado por la gobernadora Vidal, vital para la provincia en estado de quiebra inminente que dejó el ex gobernador kirchnerista y ex candidato a presidente Daniel Scioli.

El gobierno bonaerense denunció que un llamado telefónico de Cristina Kirchner hizo que los legisladores dieran marcha atrás con lo que habían acordado ya con otras fuerzas políticas. "Llamó Cristina, no podemos votar esto", dicen que dijo el diputado de La Cámpora, José Ottavis, según escucharon sus pares, el renovador Jorge Sarghini, titular de la Cámara provincial y el vice, Manuel Mosca.

Ottavis recurrió de inmediato a la estrategia de Aníbal Fernández: tomó una evidencia en un sentido y la presentó en el contrario. Dijo que el llamado de Cristina Kirchner no había existido y aprovechó cada minuto de las entrevistas que concedió para criticar el presupuesto de Vidal y no para aclarar por qué el kirchnerismo había hecho caer la sesión de debate en la Cámara provincial.

Estas zancadillas a la democracia, fugas de criminales facilitadas por el poder en las sombras, ese "estado" paralelo y subterráneo que se ha dado en llamar "criptoestado", y los palos en la rueda a las iniciativas legislativas de urgencia, se cometen ante la pasividad, si no la complicidad, de un PJ que ni siquiera se zambulle en un debate sobre su presente y futuro. El viejo gran movimiento creado por Juan Perón, inerme, anestesiado, está hoy a merced de los caprichos de La Cámpora y de los golpes de humor y de teléfono de la ex presidente.

En cuanto a los asesinos prófugos, todos temen por su vida. Sus familiares, sus abogados, sus allegados y hasta sus enemigos aseguran que la fuga fue facilitada para que la muerte les cerrara la boca. También lo sabían los condenados, que no mascan vidrio y decidieron fugarse igual. El gobierno de Vidal, según su ministro de Seguridad Cristian Ritondo, jura que los quiere ver, sanos y salvos, de nuevo tras las rejas. Y que no piensa negociar con prófugos que, de todos modos, no parecen muy dispuestos a negociar mucho. El último día de 2015 visitaron dos veces la casa de la ex suegra de Lanatta, se llevaron una camioneta de la mujer y huyeron del operativo que, según las autoridades, los tenía cercados con más de ochocientos efectivos. Después se los tragó la tierra. Los condenados desarrollan una estrategia exitosa en lo inmediato: están armados, son muy peligrosos, tiran a matar, como quedó demostrado en el ataque a los dos policías de Ranchos, pero se rodean de inocentes, deambulan por sitios muy poblados, avisan: si hay disparos, puede morir mucha gente.

El abogado Hugo Icazati -que tuvo contacto con familiares de Schillaci- confirmó el primer día del año cuál es uno de los pilares de esa huida exitosa. Los tres prófugos, "Tienen contactos políticos y policiales con el bajo mundo".

¿Políticos y autoridades policiales en contacto con un bajo mundo que ayuda a tres criminales a escapar?

La frase del abogado también trazaba la radiografía de un país.

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