Efectivos de Gendarmería fueron desplegados en la autopista Riccheri, donde trabajadores de Cresta Roja realizan un piquete que provoca un verdadero caos en los accesos al aeropuerto internacional de Ezeiza. Luego de tensas negociaciones, los gendarmes lograron liberar dos carriles y la protesta se lleva a cabo ahora a un costado de la autovía.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, explicó que "todo reclamo de trabajadores que están a punto de ser despedidos es justo" pero aclaró que "hay empresarios inescrupulosos que no se hacen cargo".
Sobre la decisión del Gobierno de mandar a Gendarmería, la ministra expresó: "Estamos actuando desde la perspectiva de tratar de que ellos comprendan que necesitamos liberar las vías para entrar a Ezeiza. Nuestro objetivo es que la Gendarmería esté en las fronteras pero paso a paso. Todos los días tratamos de lograr más diálogo y menos conflicto".
Bullrich resaltó que "tanto al Gendarmería como la Policía Aeronáutica trabajaron con total apego a la ley" e hizo hincapié en la responsabilidad de los dueños de la empresa: "Estamos planteando esto como una instancia de que quienes se tienen que hacer cargo, los empresarios, no lo hacen. Nosotros somos el último recurso y estamos tratando de lograr que el reclamo de los trabajadores y también la circulación de los autos en una autopista tan importante como la Riccheri se puedan compatibilizar".
Los trabajadores de la avícola Rasic Hermanos, que vende los pollos Cresta Roja, comenzaron con los bloqueos a la Riccheri el martes pasado. Reclaman el pago de sueldos adeudados y un auxilio económico para salvar la empresa.
Los sucesivos piquetes hicieron colapsar los ingresos al aeropuerto internacional de Ezeiza y muchas personas que se dirigían a la terminal aérea debían hacerlo a pie, cargando sus equipajes.
Paralelamente, este lunes un grupo de empleados marchó a Plaza de Mayo para entregarle una carta al presidente Mauricio Macri, para pedir al Estado nacional y provincial que "resuelva de manera inmediata" esta situación.
La jueza a cargo del concurso, Valeria Pérez Casado, intimó el viernes a los propietarios de la empresa, los hermanos Ivo y Milenko Rasic, a que en 48 horas presenten un plan para retomar el funcionamiento y pagar los salarios adeudados. Si eso no sucede, se habilitará la intervención por parte del Estado.
El mismo día, en coincidencia con la protesta, la gobernadora María Eugenia Vidal ordenó, en una conferencia de prensa, a los dueños que cumplan con el fallo judicial que los instó a buscar una salida a un prolongado conflicto gremial.
Durante noviembre, operarios de la empresa bloquearon en varias oportunidades el tránsito en el centro porteño y en Ezeiza, a raíz de que el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli dejó de girar fondos para el salvataje tras las elecciones en la provincia.
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