A partir de la presentación realizada en la Fiscalía Federal santiagueña por la querella que actúa en nombre de una parte importante de los familiares de los gendarmes víctimas de la tragedia vial que se produjo en Salta, se conocieron nuevos detalles sobre lo sucedido.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, se declaró incompetente en esta causa, —que por tener como víctimas a una fuerza nacional debe pasar a la justicia federal—, ya que no se determinó si es de competencia salteña o santiagueña.
Mauricio Arraigada, abogado del estudio jurídico Abogados de Gendarmes, informó que el conductor del colectivo no se encontraba en condiciones de conducir. "Estaba bajo tratamiento psicológico, no podía manejar, se le ordenó que lo haga y él no quería hacerlo, por lo que dejó constancia en el libro de guardia que las cubiertas no estaban en condiciones", afirmó. "Hablamos de una persona que conforme a parámetros de razonabilidad no puede manejarse en vehículo", agregó Arraigada, según publicó La Nación.
Asimismo, el abogado querellante amplió que el chofer "se negó a manejar y dejó constancia en el libro de guardia del Destacamento Móvil 5, donde dice que los neumáticos no están en condiciones y por ello no quería incurrir en mayores responsabilidades", al tiempo que precisó que "una semana y media antes del viaje ese colectivo había reventado un neumático". En este sentido, detalló que el vehículo "no contaba con la habilitación para el transporte de pasajeros ni con inspección técnica vehicular".
Arraigada aseguró que el Jefe del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería incurrió en delitos como "estrago por dolo eventual" y "defraudación al Estado nacional", y amplió la cadena de responsabilidades al segundo jefe de esa dependencia, al jefe de Logística de la unidad, al jefe de la Sección que se trasladaba en el colectivo, así como también al director nacional de Gendarmería, al subdirector nacional, al director general de Personal y al director de Logística.
Por último, aseveró que los aportes a la Justicia se hicieron "sobre la base de testimonios de los sobrevivientes, así como también de los familiares de las víctimas y de gendarmes que viajaban en los restantes dos ómnibus", y agregó que "las familias y los sobrevivientes no quieren dar su identidad por temor a represalias internas".
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