Merlo: denuncian la usurpación de una fábrica de acoplados con consentimiento político

La empresa Petinari, dedicada a producción de acoplados, volquetes y carrocerías, está pronta a cumplir nueve meses de un conflicto que tiene frenada su actividad. En febrero, tras un retraso en el pago de salarios, un grupo de empleados inició una medida de fuerza que comenzó con paros y piquetes y derivó en la ocupación del predio, ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

Sin acuerdos en las numerosas reuniones que mantuvieron con el Ministerio de Trabajo como árbitro, la fábrica quedó entonces paralizada. En marzo fueron echados 98 operarios. "A pesar de que teníamos los elementos para explicar un despido con causa, hicimos un despido por fuerza mayor", indicó a Infobae Ricardo Gregori, director general de la firma.

Gregori contó que solicitó a las autoridades laborales que garanticen el ingreso del personal a la planta de manera de poder liquidar esos despidos, pero afirmó que los ocupantes –un grupo de entre 30 y 40 trabajadores de los 188 que tenía cuando comenzó el litigio– se opuso.

Para el directivo, esa actitud dejó en evidencia una intención de agrandar el conflicto. "Querían provocar la quiebra de la empresa para poder quedarse con ella", denunció. "Entendemos que es tan absurda la reacción de 30 trabajadores que no puede explicarse con una finalidad política y un móvil económico detrás. Hay una actitud interesada en el patrimonio de la empresa", añadió.

En efecto, los trabajadores que llevan adelante la toma apuntan a quedarse con la empresa a través de la conformación de una cooperativa. Semanas atrás, la Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción a un proyecto impulsado por un diputado del FpV Miguel Fines que la declara de utilidad pública y abre la posibilidad de una expropiación. La iniciativa, considerada por la empresa "sin sustento real ni jurídico", debe ser refrendada por el Senado para prosperar.

La compañía, que a raíz de la disputa se presentó en concurso de acreedores, consiguió que días atrás el juez de garantías Ricardo Fraga dictara una orden de desalojo y la restitución del inmueble, pero un grupo de los ocupantes apeló la medida y logró suspender esa acción.