Durante el 22 de octubre último, cerca de las 3 AM, en plena veda electoral, camiones con gente y materiales desembarcaron en un predio de 60 hectáreas en el partido de Merlo, pertenecientes a la zona de Barrio Nuevo, sobre la ruta 1003. Llevaron lonas, estacas y sogas para comenzar un precario loteo. Algunos conformaron casillas precarias, ranchos, otros levantaron carpas. También se usurparon viviendas sociales de un plan federal, algunas ya equipadas, otras sin terminar.
Esta historia llegó de boca de vecinos a los dueños de los terrenos, una mujer, una SRL y una sociedad anónima. Uno de ellos la constató con sus propios ojos y se presentó ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Morón para realizar la denuncia.
La toma incluso fue filmada desde el aire, un video que Infobae publica en esta nota: una sucesión de ranchos que, según los denunciantes mismos, que ya consistiría de más de tres mil familias, con una supuesta venta ilegal de terrenos que ya habría comenzado. Se habla también de incidentes de violencia en el predio, como un vecino que habría terminado en un hospital de la zona con un tiro en la mandíbula.
La situación, de cara a todos estos elementos, parece ser un polvorín: en plena retirada de muchos de los barones justicialistas del conurbano ante el avance de los nuevos intendentes del PRO, se conforma un esquema que es un eco del Parque Indoamericano y las sucesivas tomas de la Villa 31. El nombre de Raúl Othacehé, histórico jefe de Merlo, como presunto responsable de la toma, se repite en diversos medios y entre los denunciantes.
Sin embargo, el nuevo intendente electo de Merlo es un kirchnerista. Gustavo Menéndez afirmó en Radio Continental que Othacehé habría comandado la maniobra ilícita para "ocultar el desfalco que hubo con esas casas que Othacehé certificó y cobró de la Nación y nunca terminó", en referencia a las viviendas sociales construídas en la zona. Othacehé no es el único que suena: se habla también de la participación de punteros del movimiento MILES, a cargo de Luis D'Elía, como supuestos gestores en el terreno mismo.
Nicolás Bottini, publicista de profesión, oficia como vocero de dos de los dueños damnificados: "Los terrenos no estaban abandonados. Muchas veces se instaló la idea de que los dueños abandonaron las tierras y que existe una deuda millonaria con el municipio. Esto es fácilmente comprobable en Rentas. Nos han llegado a demandar por deudas con el municipio por una plaza que fue cedida y aprobada en el plano del loteo de 1991. Todo se soluciono en 40 minutos en La Plata. Pero el daño que genera instalar la idea de dueños ausentes y desaprensivos es enorme. Entendemos que a un vecino que se le pinta este panorama y, en extrema necesidad, junte coraje para usurpar. Sin embargo no deja de ser un delito. Hace 40 años que loteamos. Los vecinos de la zona que hoy resisten la toma porque temen que se instale frente a ellos una de las villas más grande del conurbano".
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