¿Una puerta para que la Argentina recupere los créditos?

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¿A cuánto asciende la deuda externa de Cuba y específicamente la que mantiene con la Argentina desde hace 40 años? Es el secreto mejor guardado ya que en el primer caso los datos oficiales no se publican desde 2012, y con respecto a nuestro país, las estimaciones difieren según las fuentes: 2.000 millones de dólares en 2003; 2.300 millones de dólares, 10 años después y en 2009, un estudio privado la valuó en 11.000 millones de dólares.

La historia comenzó en agosto de 1973 cuando el gobierno de Cámpora le concedió a Cuba un préstamo de 1.278 millones de dólares por medio de un convenio de cooperación económica. Luego, en 1986, el gobierno de Alfonsín le asignó otras líneas de crédito a pesar del compromiso impago. Tras varias refinanciaciones, en los noventa la deuda fue transferida del BCRA al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), existiendo hoy la presunción de que la deuda ha sido desestimada.

En 2003 las gestiones de recupero por parte del gobierno de Kirchner quedaron inconclusas, ya que la Argentina rechazó tanto la propuesta de condonación del 75% de la deuda como la de pago en medicamentos y servicios médicos por sumas equivalentes a USD 50 millones por año. Esta respuesta no fue acorde con las que aceptaron otros acreedores como Rusia, México o Japón, entre otros.

Sin embargo, desde otra perspectiva, esta reflexión podría virar de rumbo. A nivel internacional se produjo un punto de inflexión a fines de 2014 cuando Estados Unidos anunció la reanudación de las relaciones bilaterales con La Habana. Hoy ya se están implementando las medidas para facilitar los viajes de los estadounidenses a la isla y a las empresas de telecomunicaciones y financieras que allí puedan hacer negocios.

A diario crecen las expectativas por las inversiones extranjeras que involucran el proceso de privatizaciones de las empresas estatales cubanas, cuyo potencial en concesiones de infraestructura para construir y operar rutas con peaje y puertos, tercerizaciones y participaciones en obras de agua potable y cloacas, manejo de la recolección de residuos, etc. asciende a un valor entre 21 y 39 mil millones de dólares.

En esta nueva Cuba, ¿emergerá la posibilidad de que la Argentina recupere su patrimonio? Básicamente el panorama es alentador y más aún si se reaviva la propuesta, evaluada en los '90, de capitalizar la deuda a cambio de inversiones argentinas en la isla. Proyectos del sector minería, energía eléctrica, transporte y telecomunicaciones englobarían un valor próximo al de la deuda que Cuba mantiene con Argentina.

La actual situación de coyuntura de nuestro país indicaría que más de un ciudadano estaría deseoso de ver concretada esta cancelación de deuda de forma inmediata. Sin embargo, se presume que la cocción será a fuego lento, iniciándose con negociaciones entre las partes. El contexto favorece ampliamente a la Argentina pero en el mediano plazo. Previamente, el gobierno cubano tendrá que crear las condiciones óptimas para una estrategia completa de privatización nacional, tarea que no será sencilla.

En Cuba existen grandes fábricas, ineficientes y conflictivas. De hecho, el 88% de las plantas industriales están sobredimensionadas. A nivel infraestructura, las necesidades son múltiples y las oportunidades para los inversores también. Sin embargo, antes de que el capital extranjero y la asistencia financiera fluyan a la isla, una nueva Cuba necesitará acordar las cuestiones de la deuda externa y atender una copiosa lista de reclamos individuales por las propiedades confiscadas. En este contexto sería aconsejable que la Argentina comience por validar el monto actual de la deuda impaga que, aunque haya sido desestimada contablemente, continúa perteneciendo al patrimonio del Estado y merece rescatarse. Con posterioridad sobrevendría la evaluación de los proyectos de inversión factibles con invitación al sector privado a participar a través de la capitalización de deuda. Es indispensable actuar con rapidez y eficiencia para que no quedemos con el último número de la lotería.

La autora es Directora del Departamento de Economía y Finanzas de Fundación UADE.