El primer paso que debe dar el nuevo presidente en el plano judicial es impulsar la reforma de la ley 27150 de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue aprobada precipitadamente y sin la necesaria comprensión de lo que requiere un proceso de estas características.
El Código Procesal Penal es lo suficientemente importante como herramienta de administración de justicia como para cuidarse de no caer en facilismos e improvisaciones. Es uno de los elementos clave para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Para desmantelar las organizaciones transnacionales, se debe dar más peso a la Justicia federal, y la reforma de dicho código es la mejor herramienta para este fin.
Resulta imprescindible que se postergue la entrada en vigencia de la implementación del código en cuestión, que en la ley fue prevista para el 1º de marzo. El plan vigente no responde a estudios previos o criterios de especialistas en reforma judicial. Apurar una reestructuración debido a una necesidad política y no a los requisitos técnicos de una reforma de estas características es un gravísimo error. Y es uno que puede tener resultados muy peligrosos para la sociedad.
El código en sí está plagado de fallas y no ataca los problemas más graves a los que se enfrenta el sistema de Justicia en la Argentina. Por esto, debe tenerse en cuenta la necesidad de reformarlo parcialmente, para que responda efectivamente a los nuevos retos que enfrenta nuestro sistema penal.
En la implementación, en cambio, para no tener resultados que perjudiquen gravemente a la población en este proceso, es necesario actuar como lo ha hecho la mayoría de los países de la región: comenzar por jurisdicciones pequeñas para luego acercarse a las regiones que concentran la mayor cantidad de población y, por lo general, el mayor número de casos. Se debe empezar por las provincias del norte del país, como Misiones, Formosa y Chaco, y las del sur, como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Además, a medida que se va avanzando y afianzando la reforma en los próximos años y se tratan paulatinamente los problemas que surgen, se podría llegar a implementar el nuevo código para la Justicia federal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense en unos dos años.
Es importante también realizar el traspaso de sectores de la Justicia penal y de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que los dos candidatos presidenciales han señalado como inminente y necesario para garantizar la fluidez en la administración de Justicia y la mayor seguridad a la población.
Un objetivo imprescindible de estas reformas es fortalecer la Justicia federal, a fin de que los problemas que los candidatos a presidente han destacado en sus campañas —la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero— no queden impunes. La reforma de la ley de implementación es clave para un exitoso proceso de reforma y, por tanto, en el trabajo de enfrentar y perseguir judicialmente al crimen organizado en la Argentina.
El autor fue fiscal general, consejero de la magistratura y juez de la Capital Federal. Experto en reforma del sistema de Justicia. Actualmente es consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación y director académico de Unidos por la Justicia
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