En 2009 Venezuela y Cuba firmaron un acuerdo para instalar un cable submarino cuya operación sería ejecutada por la empresa binacional Telecomunicaciones Gran Caribe. La obra, que costó 60 millones de dólares, además de arrojar pérdidas para el régimen de Nicolás Maduro, benefició a funcionarios chavistas.
Si bien el acuerdo fue firmado por los dos países, el gobierno bolivariano fue el que asumió el costo de la instalación de manera unilateral. Esta sale desde el estado venezolano de Vargas, llega a Cuba y también se conecta con la isla de Jamaica.
"Desde el comienzo se sabía que para Venezuela eso no representaba ningún beneficio, fue la manera de evadir el bloqueo tecnológico establecido contra el gobierno de los Castro", comentó una fuente experta de la empresa de telecomunicaciones venezolana CANTV, bajo anonimato.
Según revelaron fuentes consultadas por Diarios Las Américas, el principal beneficiado de esta operación fue el general Wilfredo José Morales Marques.
Su participación en esta obra le permitió al militar extender considerablemente su red de vínculos, como en la participación de compras millonarias de la estatal Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), compañía responsable de suministrar energía eléctrica a Venezuela.
Morales Marques, sin embargo, desde sus inicios tuvo vínculos con funcionarios de peso. Fue compañero de promoción del ex ministro de energía eléctrica Jesse Chacón y también compartió "barracas" con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y con el fallecido oficial Eliecer Otaiza.
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Ya en sus tiempos de jefe de Procura –responsable de ventas y proyectos en Corpoelec–, el general formó parte de "negocios turbios", según aseguró una de las fuentes consultadas por ese medio.
Otra beneficiada en torno a este negocio fue Zulay del Valle Álvarez Piñango, esposa de Morales Marques, quien fue designada viceministra de Articulación Social, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en 2013.
Finalmente, el general Luis Motta Domínguez, actual ministro de Energía Eléctrica, fue el encargado de desligar a Morales Marques y a su principal socio, del que se desconoce el nombre, de Corpoelec. La decisión fue tomada después de que el amigo de Morales Marques exigiera cinco millones de dólares por su participación en el negocio.
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