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La comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras exculpó de toda responsabilidad a la presidente brasileña, Dilma Rousseff; y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
El relator de la comisión, el diputado Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), afirmó en su informe final que "no hay cualquier prueba" contra Rousseff o contra Lula en los documentos que ha manejado la comisión parlamentaria.
El informe, que tiene 754 páginas, será sometido a votación el próximo jueves por la comisión, que está formada por 27 diputados, en su mayoría oficialistas, y que podría introducir enmiendas en el texto.
Nóbrega leyó el lunes el resumen del informe, que también exculpa del escándalo a los ex presidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli y manifiesta que la petrolera fue "víctima de un cartel" formado por constructoras "con la complicidad de algunos malos funcionarios".
Según la Policía Federal, que también investiga el caso, las constructoras obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas.
La petrolera ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, la red de corrupción se apropió en forma ilegal de unos 2.000 millones de dólares.
El escándalo ha salpicado a medio centenar de políticos, entre ellos el ex tesorero del PT João Vaccari, quien ha sido condenado a 15 años de prisión por haber cobrado sobornos en nombre del PT con fondos desviados de la petrolera.
No obstante, la comisión parlamentaria consideró en su informe que las investigaciones del pago de sobornos a los partidos políticos fueron "superficiales" y las conclusiones de los investigadores, "exageradas", según palabras de Nóbrega de Oliveira.
Asimismo, el informe consideró que los delitos cometidos en el caso Petrobras tuvieron "motivaciones de naturaleza personal", con lo que exculpa de responsabilidad a los partidos políticos y las decenas de empresas implicadas por la justicia.
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Hasta ahora 44 personas han sido condenadas y otras 123 han sido acusadas formalmente ante la justicia ordinaria por el caso, según un recuento de la comisión parlamentaria.
El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, también ha denunciado ante el Tribunal Supremo a 49 políticos que tienen fuero privilegiado.
La comisión parlamentaria, que tiene por objetivo impulsar medidas legales para evitar nuevos casos de corrupción similares, sugirió la adopción de catorce propuestas legislativas, que incluyen un mayor control de la gestión de las empresas estatales y cambios en la ley anticorrupción.
Sin embargo, la comisión rechazó recomendar a la justicia que realice nuevas acusaciones contra los implicados, a pesar de que tiene atribuciones para ello.
Los trabajos de la comisión se iniciaron el pasado febrero y concluyeron oficialmente este lunes, pero el caso continúa siendo investigado por la Policía, por una corte de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur) y por el Tribunal Supremo, órgano que ha asumido las acusaciones contra los políticos aforados.
Las corruptelas en la petrolera han generado una aguda crisis política y dado fuerza a la oposición para insistir en la apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff, aunque hasta ahora ninguno de los pedidos en ese sentido ha prosperado.
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Cunha dice tener poder para decidir el impeachment contra Rousseff
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, insistió este lunes que tiene "todo el poder" para decidir sobre la solicitud de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, pese a ser nuevamente investigado por corrupción.
"Yo continúo con todo el poder para decidir" sobre el pedido de impeachment, dijo Cunha a periodistas. "Tengo legitimidad para ejecutar todos los actos de la función para la cual fui electo", añadió el parlamentario, tras descartar cualquier opción de renunciar a su cargo.
"Aquí cabe sólo una manera de salir que es renunciar y no voy a renunciar. Aquellos que desean mi salida, tendrán que esperar hasta el fin del mandato para escoger otro", indicó el diputado brasileño.
Cunha, un enemigo jurado de Rousseff, tenía previsto pronunciarse la semana pasada sobre una solicitud de juicio contra la presidente por adulterar las cuentas públicas. Pero antes prefirió apelar dos decisiones de la corte suprema que suspendieron el mecanismo diseñado por él para abordar el proceso.
"Yo continúo con todo el poder para decidir", dijo Cunha
El "ritual" permitía que en caso de que Cunha rechazara la solicitud, la oposición podía presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario. Se especulaba que así se haría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre el jefe de la cámara.
La oposición consignará en el Congreso un nuevo pedido de impeachment el martes, en el que buscará probar que las supuestas irregularidades cometidas por el gobierno en 2014 continúan en 2015.
En medio de este tumulto político, Cunha, que fue acusado en agosto por la fiscalía de cobrar cinco millones de dólares para facilitar un multimillonario negocio de Petrobras, enfrenta una nueva investigación de la fiscalía por tener 16 millones de dólares depositados en cuentas en Suiza no declaradas al fisco.
Sobre este caso no se pronunció: "Sólo lo haré a través de comunicados o de mis abogados", dijo. Pero igual respondió a comentarios de Rousseff, hechos el fin de semana en Suecia, en los que lamentó que fuera un brasileño el involucrado en este escándalo en Suiza.
"Lamento que sea con un gobierno brasileño el mayor escándalo de corrupción del mundo", respondió el diputado, que también será interpelado por el comité de Ética del Congreso.