El nombre de Leopoldo López recorrió el mundo el 18 de febrero de 2014 cuando decidió entregarse a la justicia que lo acusaba de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir" en el marco de las multitudinarias manifestaciones que se dieron en Venezuela en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, y pese al rechazo generalizado de la sociedad venezolana, de organismos internacionales de derechos humanos y de ex mandatarios de distintos países, el chavismo siguió adelante un juicio que, según los expertos, estuvo repleto de vicios y terminó sentenciando al político opositor a casi 14 años de prisión.
Pero López no es el único que inquieta al oficialismo venezolano. El jueves pasado, apenas arribó al país tras un exilio de seis años, el ex candidato presidencial Manuel Rosales fue detenido por las fuerzas de seguridad.
Sobre el ex gobernador de Zulia se iniciaron once investigaciones, que incluyen los delitos de "corrupción, enriquecimiento ilícito con ocasión a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y malversación de fondos asignados por el Ejecutivo nacional".
El abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, confirmó a Infobae la presentación de un recurso de apelación ante el juzgado encabezado por la magistrada Susana Barreiros, jueza que tomó la decisión de sentenciar al coordinador de Voluntad Popular.
"Es un recurso que se plantea contra la sentencia en primera instancia con el objetivo de producir una revocatoria, una nulidad de esa sentencia para que Leopoldo López sea absuelto porque no cometió ningún delito", comenzó el defensor del opositor.
Y agregó: "Los argumentos que planteamos son tres. El primero es insistir en la sistemática violación de derechos vinculados al debido proceso, el segundo argumento es la ausencia de base probatoria en la sentencia. Y, por último, exponemos los artículos del código penal que están indebidamente aplicados".
Respecto a una resolución de la justicia sobre la apelación presentada este viernes, el profesional explicó: "A fines de noviembre, entre el 20 y el 25, si se cumplen los plazos, podríamos tener una decisión en segunda instancia. Se podría confirmar la condenatoria, podría revocarse en su totalidad por vicios de forma ordenando un nuevo juicio, podrían modificarse los delitos y reducirse la pena o podría generarse una sentencia absolutoria. Podrían ocurrir cualquiera de los cuatro escenarios".
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Por su parte, el abogado de Rosales, Jesús Ollarves, le dijo a este medio que, ya consumada la detención, la estrategia será "insistir en la vicisitud de los medios probatorios de los organismos de investigación".
Y añadió: "También insistiremos en todas las mentiras de aquel gobierno (Hugo Chávez) para poner en evidencia la politización de la Justicia. Lo más importante es demostrar todos los vicios que fueron utilizados en el proceso".
Rosales fue alcalde del municipio de Maracaibo y gobernador del estado Zulia por dos períodos. Su carrera política tomó notoriedad internacional cuando se convirtió en el principal contrincante de Hugo Chávez en la elección presidencial de 2006.
Además, cumplió un rol central en el triunfo opositor en la consulta para la Reforma Constitucional de 2007, que significó la única derrota que sufrió Chávez a nivel nacional. Dos años después, en 2009, solicitó asilo político en Perú luego de que el oficialismo venezolano lo acusara de corrupción.
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