Unas 70 personas, entre ellas mujeres, niños y dirigentes políticos, fueron reprimidas con balas de goma y gases lacrimógenos hoy en la localidad riojana de Angulos, cuando intentaban llegar a una mina instalada por la empresa salteña Midais. El objetivo era reiterar que la actividad no tiene licencia social en la zona. ¿El saldo? Varios heridos, entre ellos, el ex candidato a gobernador y actual diputado nacional Julio Martínez, de la UCR, y dos menores de edad.
El yacimiento fue clausurado por el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray. Pero una insólita orden de restricción, que prohíbe al jefe comunal y a otros vecinos acercarse a menos de 3 kilómetros de la mina, le impide notificar su decisión. Desde el municipio hicieron una presentación judicial en Chilecito –la cabecera departamental–, pero hasta ahora la magistrada Marta Magaquián no movió el expediente.
De la protesta también participaron el intendente electo de Famatina, Alberto Godoy, dos diputadas provinciales y varios concejales. "Fuimos a acompañar a la gente para tratar de evitar que los repriman, pero no hubo caso. La policía estaba decidida a actuar", comentó Bordagaray a Infobae.
Por la represión, Martínez y Bordagaray denunciaron penalmente al gobernador Luis Beder Herrera, el jefe de Policía, y al ministro de Gobierno, Carlos Saúl, quien brindo una conferencia de prensa en la que justificó el accionar policial. También anticiparon a Infobae que iban a presentar varios recursos de hábeas corpus por el temor de que detengan a los vecinos con órdenes de restricción que participaron de la protesta.
Los vecinos instalaron hace una semana un corte permanente en Angulos, tal como el que levantaron durante años en Famatina contra las mineras Barrick Gold, Shandon Gold y Osisko, las tres empresas que intentaron sin éxito montar un yacimiento a cielo abierto en el principal nevado riojano.
Esta vez, se trata de una empresa de capitales salteños, Midais, que se instaló cerca de allí, en Angulos, a metros del Río Blanco, el único cauce caudaloso de todo el departamento de Chilecito. La compañía, que no tiene página web, asegura que cuenta con una autorización del gobierno de Beder Herrera. Sin embargo, en el municipio advirtió que no presentaron ningún papel que lo certifique y que ni siquiera se hicieron estudios ambientales.
Beder Herrera es oriundo de la zona y defendió a los ambientalistas incluso durante la campaña electoral que lo llevó al poder, hace 8 años. Pero a poco de acceder a la gobernación cambió de bando y ordenó perseguir a los vecinos que se oponían a la megaminería en Famatina. Su ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, Claudio Saúl, justificó la represión, al subrayar que la policía actuó "en defensa del estado de derecho" y acusó a los manifestantes de haber hecho "una provocación" con fines electorales.
Comunicado de la Iglesia
El obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, manifestó su "profundo dolor y preocupación" por la represión, y opinó que "la violencia en cualquiera de sus formas daña la comunidad política".
El prelado recordó unas palabras suyas referidas a la licencia social: "Toda decisión que comprometa la vida común a partir de una obra pública, un emprendimiento empresario o alguna forma de inversión productiva, requiere la reflexión de la sociedad que debe dar su parecer a través de consultas oportunamente efectuadas".
Asimismo, manifestó: "La cuestión de la preservación del agua no debiera considerarse un 'problema de Famatina' y sus pobladores. Es una causa de todos los riojanos. Lo sucedido en Jáchal, en la hermana provincia de San Juan tendría que ayudarnos en la toma de decisiones razonables sobre la utilización de los cursos de agua. A la escasez crónica de agua que nos afecta, podríamos agravarla dramáticamente a partir de su eventual envenenamiento por contaminación. No hay desarrollo posible en el futuro para esta provincia sin cuidar el agua que es vital para nuestra vida. ¡Nosotros somos esa agua!".
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