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La medida —patrocinada por los republicanos Carlos Curbelo e Ileana Ros-Lehtinen y los demócratas Alan Grayson y Debbie Wasserman Schultz— excluiría del beneficio migratorio a quienes presenten antecedentes criminales y a quienes hayan participado en el enjuiciamiento de terceros.
"No podemos tranquilamente obligar a los venezolanos a volver a un país donde enfrentan arresto, torturas y ejecuciones solo porque se oponen al gobierno", dijo Grayson en un comunicado. "Darles la residencia permanente es la forma más lógica de garantizar su seguridad".
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La última vez que el Congreso estadounidense fijó posición sobre Venezuela fue en diciembre de 2014, cuando aprobó sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. El presidente Barack Obama dio el ejecútese días más tarde.
Numerosos políticos opositores, líderes sindicales y estudiantes han sido acusados de distintos delitos en los últimos años y han sido encarcelados o han salido al exilio.
Los críticos del presidente Hugo Chávez —fallecido por cáncer el 5 de marzo de 2013— y de su sucesor y heredero político, el presidente Nicolás Maduro, han acusado al sistema judicial de Venezuela de actuar en concierto con el gobierno para perseguir a sus adversarios.