Ricardo Jaime pactó una condena por coimero

Ricardo Jaime hizo todo lo posible para demorar el inicio del juicio oral y público por haber recibido dádivas de dos empresas a las que debía controlar.

El juez Claudio Bonadio lo procesó por uno de esos casos en abril 2010. El juez Norberto Oyarbide lo procesó por el segundo caso de dádivas-coimas- en diciembre de ese mismo año. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esos procesamientos y desde entonces comenzó un periplo procesal que llevó al caso hasta la Corte Suprema de Justicia y pasó por lo menos dos veces por la Cámara de Casación.

Postergación tras postergación el juicio debía empezar hoy. En el mismo mes de las elecciones presidenciales. Iba a ser una imagen contundente: el hombre de confianza de Néstor Kirchner, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, sentado en el banquillo de los acusados por coimero. La misma semana en la que el fiscal del juicio por la Tragedia de Once le había pedido una pena de 11 años de prisión por el modo en que no controló la concesión del ferrocarril Sarmiento.

Esa concesión estaba a cargo-hasta después del choque del 22 de febrero de 2012- de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que fue la misma que le pagó viajes en taxis aéreos para que Jaime descansara los fines de semana largos. El caso fue denunciado por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas y hoy diputado nacional Manuel Garrido. El dueño de TBA Claudio Cirigliano iba a ser juzgado junto a Jaime. Jaime pactó un juicio abreviado, admitió su responsabilidad, aceptó una condena que alcanza el año y medio de prisión en suspenso (producto de la unificación con una condena anterior por intentar robar pruebas en un allanamiento) y le decomisarán dos millones de pesos de su fortuna personal que irán destinados a dos ONG. Cirigliano pidió una probation. Este instituto no implica condena ni admisión de responsabilidad y se les puede otorgar a personas sin antecedentes y en casos con penas menores. El delito de dádivas tiene una pena máxima de un año para quien las entrega y un máximo de dos para quien las recibe. Los beneficiados por la probation deberán realizar tareas comunitarias a cambio de la no realización del juicio.

Por el caso de los viajes en avión también iba a ir a juicio oral Jorge Molina quien fue director de Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas cuando la empresa era de la firma Marsans. Llegó a juicio acusado de haberle dado un pasaje de gentileza a Jaime.

El acuerdo se firmó ayer por la tarde con el fiscal del juicio Guillermo Marijuán. También pactó un juicio abreviado Manuel Vázquez testaferro y ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte. Vázquez se dedicaba a los negocios oscuros en sociedad con Jaime, como pagó alguno de los viajes iba a ser juzgado. Condenado en dos casos anteriores, admitió su responsabilidad y selló una condena que unifica las penas de todas sus condenas en dos años y dos meses de prisión. A Vázquez le decomisarán 347.000 pesos. Otro de los que iba a ser juzgado es Julián Vázquez, hijo del testaferro quien pidió una probation. Marijuán pidió el sobreseimiento de Molina como parte del acuerdo previo al juicio.

El segundo caso que se iba juzgar también por dádivas, era porque la empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA) le pagaba el alquiler del departamento donde vivía Jaime mientras era funcionario y debía supervisar la concesión de la Terminal de Retiro, a cargo de esa empresa. El caso fue revelado por el periodismo y terminó en juicio oral y público. Néstor Otero dueño de la Terminal llegó a juicio porque le pagaba el alquiler a Jaime, en el banquillo lo iban a acompañar tres integrantes de la sociedad: Gabriel Akerman, Alfredo Pileach y Edgardo Preiti, quienes firmaron como garantes en los contratos de alquiler de Jaime. Todos ellos pidieron probation.

El juez Julián Ercolini, a cargo del juicio, se reunirá hoy con cada uno de los imputados en una audiencia particular. Ese encuentro es necesario como trámite previo para que-en un plazo máximo de diez días- homologue el acuerdo que avalaría las probation y terminaría con un funcionario público del gobierno que todavía está en el poder, condenado por corrupción. Algo poco común en la Argentina.