La Justicia allanó los corralones ilegales de la Villa 31

El juez federal Sebastián Casanello tuvo que escuchar un mensaje inquietante el jueves pasado cerca de las 22 horas. Un efectivo de Gendarmería le dijo por teléfono: "Doctor, tenemos que levantar". El efectivo comenzó a relatarle cómo, de la nada, un grupo de hombres con armas a la vista comenzó a acumularse en los pasillos cercanos a un corralón de la Villa 31. Su objetivo era claro: frenar el operativo en curso. Casanello pensó rápido; les indicó a los hombres que se vayan de ahí, que su integridad física y la de los testigos era lo primero. Fue un gesto mafioso descarado ante una realidad obvia, matemática. La Villa 31 y la 31 bis, con más de 40 mil habitantes, crece año tras año apilándose sobre sí misma en pequeñas torres de ladrillos huecos. A esos ladrillos huecos, alguien tiene que venderlos.

Tras varias semanas de tareas de inteligencia llevadas a cabo precisamente por Gendarmería, Casanello había acumulado información suficiente para allanar lo que es uno de los secretos a voces de la Villa 31: sus corralones ilegales. Los precios son por lo menos altos: referentes en la Villa afirman que un ladrillo o una bolsa de cemento puede costar en estos corralones hasta cuatro veces más de lo normal. Una orden judicial emitida por un magistrado porteño prohíbe el ingreso y venta de materiales de construcción en la zona. Pero el problema no es algo nuevo. En 2008, por ejemplo, una hormigonera, Cementos Avellaneda y el corralón "del Gitano", que habían sido clausurados por el Gobierno porteño, comenzaron a funcionar de nuevo poco después de su cierre. La cementera estaba ubicada sobre cuatro hectáreas de terreno fiscal. En 2012, la Agencia Gubernamental de Control porteña -que tiene la potestad de cerrarlos pero no de incautar los materiales- estampó fajas de clausura.

Casanello, en el marco de una causa donde también interviene el fiscal federal Patricio Evers, clausuró tres depósitos de materiales en las manzanas 33, 7 y 108. Gendarmería, sin embargo, le informó que existen otros en la zona, lo que llevaría a nuevos procedimientos. Las tareas de inteligencia incluso indicaron los puntos donde los proveedores descargan los materiales para que los corralones los retiren en carros acoplados a motos o en camionetas tipo Traffic. Son dos bocas de expendio: uno en el playón detrás del viejo edificio del Correo y otro cerca del supermercado COTO de Retiro. El detalle de los operativos hasta arrojó máquinas retroexcavadoras y un hidromasaje listo para instalar. Uno de los corralones en la zona del Playón Este de la 31 bis fue detectado en un punto al menos conflictivo: el ex bar "Tarzán", controlado por paraguayos, que figura en una reciente investigación preliminar del fiscal Federico Delgado que detalla desalojos forzosos de vecinos a manos de narcos y venta de estupefacientes a chicos. Los vecinos de la zona señalan al ex bar como un punto caliente de drogas y armas.

No hay detenidos hasta el momento ligados a los procedimientos en los corralones. De todas maneras, Casanello busca otro vínculo y otro delito: una asociación ilícita. Testimonios en una causa que está lista para ser elevada a juicio y hoy espera el sorteo de tribunal le indicaron al juez que los depósitos de materiales podrían estar ligados a otro negocio, una estafa de pobres contra pobres: las mafias que usurpan terrenos fiscales para luego venderlos y que por otra parte cobran subsidios del Estado para desocuparlos.

Infobae detalló en abril ultimo cómo el juez federal procesó a cinco personas por tomar y vender en agosto de 2010 terrenos pertenecientes a la Administración General de Puertos; la toma bloqueó las vías de acceso al tren Belgrano Cargas. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal a cargo de los jueces Freiler y Ballestero confirmó el procesamiento haciendo eco de los razonamientos de Casanello, que habló en su dictamen de "auténticos ghettos donde rige la ley del más fuerte" con un Estado en retirada: los mismos vendedores de los terrenos tomados echaban a los ocupantes luego de pagar. Un testimonio clave en esta causa sugiere un vínculo con los corralones. Otro delito en la mira es el esteleonato: vender algo ajeno como propio.

Hay otro punto que alcanza a la investigación de Casanello: las diversas cooperativas constructoras de la Villa 31, que reciben fondos del Gobierno porteño -que aportó datos y denuncias al juez- en partidas recurrentes. A través de este sistema, en los últimos cuatro años, se construyeron once kilómetros de bacheo y cloacas. Solo en 2013 hubo cerca de 40 obras. Casanello buscará saber si las cooperativas operan con los corralones o si son sus dueños directamente.