El 75,6% de las personas sostiene que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses, según el estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia, el Observatorio de Delito Organizado y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), con el apoyo de la Unión Europea. El incremento fue aún superior al detectado por la primera encuesta -realizada en 2013-, cuando el 71,% contestó que había crecido.
Lo novedoso es que los delitos que se están produciendo en el último tiempo son cada vez más complejos. Lo que antes era la acción anárquica de ladrones aislados se convirtió en una actividad desarrollada por grandes organizaciones, con planificación e inteligencia. La consolidación de las mafias.
"Ha habido una transformación del crimen en Venezuela. Pasó de ser desorganizado a estar cada vez más organizado, con grupos importantes que llegan a tener en algunos casos más de 600 miembros", explicó a Infobae el sociólogo Roberto Briceño León, presidente del Observatorio Venezolano de Violencia y autor de la encuesta junto a Alberto Camardiel.
"Hubo una evolución en los grupos delincuenciales. Antes robaban, pero ahora les cobran a los comerciantes para no robarles. Sociológicamente, eso es lo que marca la transformación de una pandilla en una mafia. En las principales avenidas de Caracas, las panaderías, los bancos, y los comercios empiezan a estar controlados por estos grupos", agregó.
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El delito que los encuestados perciben con mayor frecuencia es el contrabando de alimentos, medicinas o productos de higiene. Para el 51,7% está muy presente.
"Cuando en Estados Unidos se habla de contrabando es por algo que entra ilegalmente, pero en Venezuela es por lo que sale ilegalmente. Son productos que tienen un precio artificial subsidiado, con un valor muy superior en el mercado internacional. Es un tema muy complejo, porque son delitos causados por problemas que generó el Gobierno. Y la población ve que están involucrados militares y funcionarios", dijo Briceño.
En segundo lugar, con 46,9%, aparece el robo y venta de vehículos y repuestos. Tercero, con 43,6%, el tráfico de drogas.
Cuando se pregunta por el tipo de grupos que cometen estos delitos, el 50,7% señala como responsables a pandillas, mafias y bandas. Casi al mismo nivel (49,5%) están los pranes, que son los jefes mafiosos que, tras ser encarcelados, se convierten en dueños de las prisiones, y manejan el crimen desde allí. Un poco por debajo se ubican los colectivos armados (43,7%), que son los grupos políticos afines al chavismo, que están fuertemente armados y a los que las autoridades les entregaron el control de hecho sobre distintos barrios de las principales ciudad del país.
Un dato muy preocupante, que evidencia hasta qué punto la violencia se ha naturalizado en Venezuela, es que para la mitad de las consultados es fácil mandar a matar a alguien. Hace dos años, sólo el 35% respondía eso.
Los escépticos de las encuestas seguramente pensarán que poco importan estas percepciones, determinadas -según ellos creen- por los medios de comunicación. Sin embargo, los datos duros las corroboran. El mejor ejemplo es la evolución de la tasa de homicidios, que no para de crecer desde 1998. Ese año ya era elevada: con 4.550 asesinatos, se ubicaba en 20 cada 100 mil habitantes. En 2014 los homicidios fueron 24.980, y la tasa, de 82 cada 100 mil habitantes.
Responsabilidades políticas
Una delincuencia y una violencia tan extendidas sólo pueden ocurrir en un contexto de descalabro institucional. Por eso no sorprende que la ciudadanía desconfíe profundamente de los representantes del Estado en todos sus niveles, y que incluso los considere cómplices del delito.
Para el 75% de los entrevistados no se castiga al crimen organizado porque los jueces están amenazados o comprados. El 58,8% cree que la razón es que el Gobierno debilitó a la Policía.
Así se entiende que el 81,1% no denuncie a las organizaciones criminales porque tiene miedo y cree que es muy peligroso. Por el mismo motivo, el 79,8% no quiere salir de testigo en un proceso penal, y el 76,7% no coopera con la policía.
"Hay lugares en los que, cuando se produce un secuestro, la gente no acude a la policía sino al jefe de la banda para reclamar o pedir protección. El delito organizado sustituyó al Estado en muchas zonas. Impone normas, cobra impuestos y aplica castigos, todas funciones estatales", explicó el sociólogo.
"En Caracas -continuó- son asesinados 2,6 policías por semana. Hay lugares en donde tienen prohibido entrar porque están controlados por grupos políticos afines al Gobierno. No hay respuesta del Estado y los agentes honestos no se sienten apoyados por las autoridades".
¿Cómo califican los venezolanos la gestión gubernamental de la seguridad? Para el 65,7% es mala, para el 22,3 es regular, y sólo el 11,9 dice que es buena. La reprobación se duplicó en dos años, ya que en 2013 el 34,1% calificaba a la gestión como mala.
"El Gobierno decidió no hacer nada, no actuar contra el delito. Y cuando tomó alguna medida, fue de orden militar, usando la fuerza y la violencia. Ya no hay estado de derecho. El costo de participar en el crimen organizado ha bajado muchísimo, y los beneficios han subido en la misma proporción. Cuando eso ocurre, se expande el delito. En los últimos años hasta hubo un incremento de la participación de los propios policías y militares en la criminalidad", concluyó Briceño.
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