El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, y la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, denunciaron un presunto fraude contra el Estado nacional por parte del grupo español Marsans, el fondo de inversión norteamericano Burford y un estudio de abogados argentino.
En una conferencia realizada este lunes en el Auditorio de la Procuración General de la Nación, Gonella explicó que "se encontró un contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por unos U$S 1.600 millones, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas"
Gonella precisó que "la Argentina no sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos U$S 1.000 millones por su gestión en Aerolíneas".
El fiscal puntualizó que "Marsans y Burford hicieron un convenio para que en caso de que el Ciadi falle a favor de los españoles, luego de pagarle los honorarios correspondientes, el resto lo depositen en una cuenta del fondo buitre que además tomó el patrocinio en el juicio".
"De esta manera Marsans estaría burlando a sus acreedores, con el doble riesgo para la Argentina de tener que pagar el fallo del juicio, pero también una futura demanda de los acreedores de Marsans", añadió Abbona.
La funcionaria remarcó que "Burford patrocina también al Grupo Petersen ante el Ciadi y ante el juez (federal de Nueva York Thomas) Griesa, donde reclaman por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF".
El fondo de inversión reclama un resarcimiento económico, argumentando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume que será de varios millones de dólares, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los U$S 3.300 millones.
