Riachuelo: a siete años del fallo de la Corte, sigue sin cumplirse la relocalización

Se cumplieron siete años de la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, entre otras cuestiones, se ordena la relocalización de aquellas familias que habitan en el camino de sirga, una zona de alta contaminación. En conversación con Infobae, el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, disparó una señal de alerta cuando indicó que "sólo se cumplió con un 20 por ciento de la totalidad de las reubicaciones. Mientras tanto, estas personas siguen alojadas en el camino de sirga, un sector donde hay contaminación y donde la Corte dijo que no puede vivir gente; lo que se produce ahí técnicamente es un desalojo forzado y en ese camino debe ser respetado el derecho a la vivienda".

De acuerdo a datos oficiales, se trata de unas tres mil familias –en lo que refiere al terreno porteño– que aguardan por ser reubicadas y que dada la inexistencia de una planificación por parte de las autoridades gubernamentales se exponen a que sean vulnerados sus derechos. "Es una causa muy compleja y desde el Ministerio Público de la Defensa somos los abogados de todas las personas que viven en la Ciudad y que tienen que ser relocalizadas. Es muy lento el proceso de ejecución y es muy dificultoso el hecho de que las personas sean escuchadas ante los jueces que tienen a cargo la ejecución, de hecho no son parte", explica Corti, y destaca que estas personas desconocen cuándo y a dónde serán reubicadas y en qué condiciones vivirán.

"Además, no tienen vacantes para sus hijos en las escuelas, no tienen cloacas ni centro de salud y tampoco pueden cartonear, porque los sacaron de su lugar de trabajo", precisó el Defensor evidenciando la compleja realidad que les toca vivir a estos ciudadanos que hoy ni siquiera son tenidos en cuenta como parte de la causa judicial.

Según lo advierte Corti, la problemática de la relocalización llevó a que el 20 por ciento de las familias que fueron trasladas a nuevas viviendas se encontraran con edificaciones sin terminar o a las que les faltaban los servicios. "Los vecinos solicitaron una reunión con el presidente de la Corte para poder plantearle cuál es la problemática que cotidianamente se vive. A mi entender, la Corte debería repensar cómo se lleva a cabo esta ejecución para que se respete el derecho de los vecinos", analiza Corti, y es contundente al sostener que "durante muchos años el sistema político fue buscando soluciones para el tema del Riachuelo que no encontró, y por eso intervino la Corte. Ahora se requiere ejecutar aquello que ya está ordenado. En síntesis, hay una sentencia que se tiene que cumplir".

En medio de la situación que viven miles de personas vulneradas y que esperan ser consideradas por las autoridades judiciales, la problemática del Riachuelo volvió a ponerse en primera plana en los últimos días cuando la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría la apertura del procedimiento de remoción del juez federal de Quilmes, Luis Armella, por estar acusado de presuntas irregularidades mientras tuvo bajo su órbita el monitoreo del saneamiento del Riachuelo.

Armella, según se deslizó en la reunión del Consejo, habría favorecido a empresas vinculadas con familiares suyos para la contratación de obras de limpieza de la cuenca. El magistrado fue separado en 2012 de ese expediente por la Corte Suprema a raíz de un informe de la Auditoria General de Nación que mostraba irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento.

Lo cierto es que la problemática del Riachuelo –que involucra a las autoridades de la Ciudad, la Nación y la provincia de Buenos Aires afecta en total a unas 18 mil personas que habitan en la Cuenca y que corren peligro a causa de la intensa contaminación que se presenta en la zona. La escena es preocupante: hay una sentencia judicial que espera por ser cumplida y que lleva ya siete años de demora.