Centenares de personas se sumaron este domingo a una marcha por la dignidad y el respeto a los ciudadanos de Colombia, en respuesta a la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar el principal paso fronterizo entre ambos países y a la deportación masiva de colombianos.
Vestidos unos con camisetas blancasy otros con las amarillas de la selección nacional de fútbol, los manifestantes, que llevaban banderas de Colombia, globos y pancartas, partieron del Templo Histórico de Villa del Rosario, al lado de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, ambas ciudades colindantes con las venezolanas de San Antonio y Ureña, en el estado de Táchira.
Al ritmo de música de tambores, la multitud, encabezada por el gobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz, inició la caminata detrás de una pancarta que dice "Por la dignidad y el respeto a los colombianos".
Entre los manifestantes hay también venezolanos, como una mujer mayor que lleva una camiseta con la frase: "Soy Venezuela, soy Colombia" y se protege del sol con una gorra con la bandera del país vecino.
"Los exiliados de Cuba y de Venezuela condenamos al comunista convicto 'Nicolás Podrido', que se divierte bailando cumbia mientras los pobres que atropelló y deportó sufren y lloran", reza una pancarta enarbolada por un hombre de unos 70 años.
El presidente Maduro ordenó el pasado 19 de agosto el cierre de los puentes que comunican a Norte de Santander con Táchira, que constituyen el principal punto de unión de los 2.219 kilómetros de frontera de Colombia y Venezuela, como parte de una estrategia para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.
Además del cierre fronterizo, decisión que fue acompañada de un estado de excepción que ya abarca a varios municipios del Táchira, Venezuela deportó al menos a 1.355 colombianos que vivían en ese país y unos 15.000 más salieron por trochas y con sus enseres a cuestas por el temor a correr la misma suerte.
La llegada masiva de colombianos y de algunos venezolanos que integran familias mixtas obligó a las autoridades colombianas a acondicionar albergues en Cúcuta y Villa del Rosario, e iniciar un plan de ayudas económicas, laborales y sociales para los afectados y de retorno a sus lugares de origen.
El Gobierno colombiano ha calificado esta situación como una "crisis humanitaria" y pedido a su similar de Venezuela que se respeten los derechos de sus ciudadanos en el vecino país.
Además pidió la mediación de la comunidad internacional para detener las deportaciones y que se reabra la frontera, al tiempo que aboga por un diálogo directo con Caracas.
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