La diputada nacional Carla Carrizo de SUMA + ECO volvió a pedir esta mañana que el oficialismo habilite el tratamiento en el Congreso de la ley para que los debates presidenciales sean obligatorios y repudió que "se blinde a Daniel Scioli".
"No es lo mismo ser descortés que violar una ley. Si hay voluntad política, se puede hacer. En menos de una semana transformamos el sistema de previsión social o creamos los fueros especiales de defensa del consumidor, ¿cómo no vamos a habilitar el debate presidencial? La Cámara electoral lo quiere, los actores lo quieren; el punto es si lo quiere el oficialismo", dijo la diputada.
"El kirchnerismo se hizo fuerte con la palabra, pero ahora hay que cuidar al candidato para que no hable. Es una metamorfosis en el kirchnerismo espectacular", dijo Carrizo, quien valoró el debate que ayer produjeron por ley en la provincia de Chaco, el candidato del FpV Domingo Peppo y la opositora Aída Ayala.
Asimismo, Carrizo sostuvo que la elección de Tucumán "nos enseñó que la política en democracia no es invisible y la lógica de la política invisible no es democrática".
"Lo que nos abrumó en Tucumán es la asimetría entre la dirigencia política y la orfandad de la ciudadanía", denunció la politóloga.
"A nivel nacional, los dirigentes creen que la representación da derechos, no obligaciones. Para ellos, la gente tiene todas las obligaciones y los dirigentes todos los derechos. Estamos obligados a votar, elegirlos y financiarlos, porque se hace con nuestros recursos. Sin embargo, ellos no están obligados a informarnos en un proceso electoral, pese a que en campaña es un bien público. Por eso queremos regular los debates por ley".
"Si Scioli termina su campaña electoral en el programa de Marcelo Tinelli, es una obscenidad", sentenció.
Tucumán demuestra que "en Argentina no estamos compitiendo para representar politicamente, sino que estamos compitiendo para acceder al Estado para hacer negocios privados".
"Nos espantó de Tucumán que los dirigentes sienten que pueden hacer cualquier cosa. Si la gente no hubiese ido a la plaza, no se hubiera nacionalizado", dijo Carrizo, tras sostener que "no sólo hubo delitos electorales, sino también delitos federales".
"Hubo adulteración de los padrones que confecciona el Estado nacional; hubo transmisión de datos falsos que debió garantizar el Correo Argentino y, además, hubo adulteración de identidad ya que el Renaper envió a los juzgados de paz muchos documentos de gente que votó sin saberlo", resumió la diputada.
"No solamente hubo robo de urnas y violencia física y verbal, que son delitos electorales. Por eso, si no anulamos la elección, estamos legalizando los delitos federales. Si esto no ocurre, hay que intervenir la provincia", disparó.
"Coincido con Stolbizer, hay que intervenir la provincia para garantizar el sistema republicano y federal. Así no hay democracia", sentenció Carrizo.
Además fue más lejos y aventuró que "si el Gobierno no hace esto, cualquier persona puede demandar al país por no garantizar pactos como el de Derechos Humanos. Son derechos políticos y civiles los que se han vulnerado".
De allí que sostuvo que "si fuera Cristina, intervendría Tucumán para hacer nuevas elecciones".
En cuanto a la opción de abrir todas las urnas, dijo que "debieron haberlo hecho antes. El problema es que la Justicia electoral en Tucumán depende de Alperovich".
"Esto no es un juego. No se puede legalizar el atropello. No puede terminar en la adrenalina mediática", dijo la diputada, tras advertir que "hay que evitar discutir lo mismo en dos provincias donde el escenario es altamente competitivo como Jujuy y Santa Cruz, que reeditó la ley de lemas para mantener la hegemonía".
El 25 de octubre
Respecto al elección del 25 de octubre, dijo que "el grupo de la opocisión estamos proponiendo que el presidente de mesa tenga las 6 listas de los candidatos que compiten. Tenemos que buscar medidas posibles. No son opciones la boleta electrónica ni la boleta única, sí que los presidentes de mesa tengan boletas de todos los candidatos".
Igualmente, Carrizo hizo hincapié en la transmisión de datos porque "como demostró Tucumán, los telegramas que salieron de las mesas no fueron los que llegaron y se cargaron".
"La propuesta es crear la figura de delegados para que constaten esto. Eso forma parte del proceso electoral y puede ser cambiado, porque no es el sistema electoral", precisó.
"¡Aún estamos con la palabra 'telegrama' de 1912!", exclamó la diputada.
Reconoció que en la Argentina "hay sistemas semiautoritarios. Santa Cruz, La Rioja, Formosa, Chaco y Tucumán lo son. En estas provincias el sistema electoral no está para garantizar competencia electoral sino para consolidar hegemonías.
Carrizo dijo que no duda en votar a Mauricio Macri pese a haber trabajado duro para que Martín Lousteau pudiera relevarlo en la Ciudad y dijo que "lo que importa es que la ciudadanía pueda votar elegiendo no sólo al menos malo".
En este sentido, manifestó que "la oposición ha aprendido. Massa aprendió mucho de sí mismo. Lo que tiene que haber es una estrategia de anticipación, no llegar siempre después".
Más Noticias
Fiscalía confirma que mamá de una de las niñas también fue envenenada con talio en caso Zulma Guzmán
Las autoridades incorporaron al expediente la muerte de Alicia Graham Sardi, ocurrida en 2020, tras identificar coincidencias con los casos investigados en 2025 y otros episodios bajo una modalidad similar

Esta es la legumbre que aporta más calcio al cuerpo que la leche
Este mineral es esencial para la salud ósea entre otras funciones como la coagulación y la contracción de los músculos

Cómo desacelerar el envejecimiento de la mente con un simple plan alimenticio: qué comidas priorizar y cuáles evitar
La Universidad de Harvard reveló cuál es la dieta que favorece a la salud cerebral

Guía práctica del sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: clasificados, bombos, formato y todo lo que hay que saber
Los grupos de los máximos torneos continentales quedarán definidos este jueves en Paraguay. Los detalles
La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público
A causa de esta decisión la Xunta de Galicia tiene que elegir entre readmitir al trabajador en su puesto o indemnizarle con 49.467,96 euros

