Colombia, conmocionada por las expulsiones masivas de compatriotas provocadas en los últimos días por el régimen de Nicolás Maduro, informará este lunes en el consejo permanente de la OEA el "maltrato" que han sufrido los colombianos en la frontera con Venezuela.
"Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, pero hemos visto, atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas, por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla", señaló el domingo el presidente Juan Manuel Santos durante una tradicional Caminata de la Solidaridad en Bogotá.
"Ahora tenemos a miles de personas que cruzaron la frontera, obligadas o presionadas, dejando atrás sus hogares, sus pertenencias, sus amigos e incluso sus hijos", añadió el mandatario.
Según cifras del gobierno colombiano, un millar de sus compatriotas fueron deportados en los últimos días y más de seis mil regresaron a su país espontáneamente por temor a serlo y quedar separados de su familia y perder sus pertenencias.
A pedido de Colombia, la crisis generada tras el cierre de parte de la frontera ordenado por Maduro se tratará este lunes en Washington en el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el próximo jueves en una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito.
"Lo que el Gobierno nacional quiere es mostrar e informar este maltrato del cual han sido objeto los deportados, las personas que han salido de Venezuela forzadas, por temor, por miedo, y básicamente que haya una declaración en cuanto al tratamiento de los distintos migrantes", indicó el domingo la canciller colombiana María Ángela Holguín.
"Más que otra cosa queremos mostrar la manera como han tratado a un pueblo que ha vivido en Venezuela con un inmenso cariño, que ha construido también parte de ese país", agregó.
En Cúcuta, 600 km al noreste de Bogotá y epicentro de la complicada situación humanitaria generada, la canciller se congratuló de que en los últimos tres días no se hayan registrado deportaciones, aunque persiste, en menor medida, el éxodo de colombianos que huyen de Venezuela cargando consigo sus enseres a través del río Táchira.
Nacionalidad colombiana a venezolanos
Para paliar el drama humanitario, Holguín prometió dar la nacionalidad a todos los venezolanos con familias fracturadas por la crisis fronteriza que ha tensado las relaciones bilaterales.
"A las personas colombianas, casadas con venezolanos, y que los venezolanos quieran vivir en Colombia, les vamos a dar la nacionalidad colombiana. Queremos que las familias vivan unidas, no queremos fracturar familias", afirmó.
La decisión de Maduro también ha impactado en la economía regional, estrechamente interrelacionada entre los dos países, tanto lícita como ilícitamente.
Para evitar desabastecimiento ante la falta de gasolina venezolana vendida ilegalmente en Colombia, Santos ya decidió un aumento del cupo de gasolina subsidiada suministrada a Cúcuta.
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También anunció medidas para dar empleo, vivienda, atención sanitaria y educación a los repatriados, entre ellos, cientos de niños.
Además, el Gobierno colombiano debe resolver cómo sacar del país las ya 200.000 toneladas de carbón represadas por el cierre parcial de la frontera, normalmente transportadas por vía terrestre.
La tensión entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos, y el posterior estado de excepción decretado por Maduro tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando en el estado venezolano de Táchira, y que el mandatario atribuyó a "paramilitares colombianos".
La crisis se profundizó el jueves, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos de los damnificados.
Maduro, quien partió el sábado hacia China y Vietnam en busca de apoyo financiero para su país, anunció el viernes el cierre de un segundo sector de la frontera con Colombia en el estado Táchira.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km en la que ambos denuncian el accionar de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos muy subsidiados por el gobierno venezolano.
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