Los abogados de Sandra Arroyo Salgado requirieron un informe a la embajada de Cuba en Buenos Aires para determinar si uno de los custodios del difunto fiscal se desempeñó allí en enero pasado. Se trata Rubén Benítez, un efectivo de la Policía Federal que en su declaración consignó haber trabajado como custodio de esa delegación diplomática en Buenos Aires.
En su momento, esa confesión alimentó las versiones de una confabulación con ribetes internacionales, que fue agitada primero por la revista brasileña Veja y luego robustecida con testimonios en varios países. En concreto, esa pista sostiene que el titular de la UFI-AMIA fue asesinado por un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba.
Una fuente de la investigación aclaró a Infobae que tal medida no tiene por objetivo avanzar sobre esa hipótesis, aunque se negó a detallar su propósito. En concreto, lo que se desea conocer es si Benítez –quien fue pasado a disponibilidad y fue el único efectivo que ingresó al departamento del fiscal en Puerto Madero– "prestó servicios de custodia a esa representación diplomática, desde cuándo, así como las fechas y horarios del mes de enero que cumplió con la tarea".
Pablo Vigliero, Federico Casal y Manuel Romero Victorica incluyeron ese requerimiento en un extenso escrito en el que se pronunciaron a favor de la "reasunción" de la investigación a la jueza Fabiana Palmaghini, que está a estudio de la Cámara del Crimen. El tribunal de alzada realizará mañana a las 11:30 una audiencia para determinar si ratifica que la investigación seguirá en manos de la fiscal Viviana Fein o si deberá ser reasumida por la jueza.
La querella demandó también el testimonio de Armando Antao Cortez, secretario de la UFI AMIA, quien recibió el llamado del empleado informático Diego Lagomarsino en la madrugada del 19 de enero, un día después de la muerte de Nisman, narrándole el episodio del préstamo del arma que acabó con la vida del fiscal.
También reclamó el de Walter Vargas, uno de los secretarios letrados de Nisman, quien estuvo en Le Parc la noche en que fue hallado el cadáver y se mostró preocupado "por el resguardo de la documentación existente en el lugar".
La solicitud incluye también que se tomen declaraciones a la enfermera Jessica López, de Swiss Medical, quien fue la primera persona que supuestamente vio el cadáver de Nisman, y a la médica de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal Gabriela Piroso, "quien examinara el cadáver en el lugar del hecho". Según el escrito, ninguna de las dos declaró hasta el momento.
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