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Camargo Correa firmó un acuerdo con el Consejo Administrativo de Defensa de la Competencia (CADE) de Brasil por el cual se comprometió a "cesar su involucramiento en el ilícito, reconocer su participación en la conducta investigada y colaborar en forma efectiva con las investigaciones", según un comunicado.
El pacto de colaboración no otorga beneficios en la esfera penal e incluyó al ex director presidente de la empresa Dalton Avancini y a su ex vicepresidente Eduardo Leite, condenados el mes pasado a 15 años y 10 meses de reclusión cada uno por corrupción activa, lavado de dinero y por integrar una organización delictiva.
Ambos firmaron a su vez acuerdos con la Procuraduría General de la República para contar lo que sabían del fraude a cambio de una reducción de sus sentencias, que también les permitirá cumplirlas en sus respectivos domicilios. Un tercer ex directivo de la constructora, Joao Auler, que presidía el consejo de administración, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión efectiva por corrupción activa.
"Camargo Correa reconoce su participación en las conductas investigadas y se compromete a presentar a la CADE documentos e informaciones para esclarecer los hechos. Fueron entregados a las autoridades nuevos documentos e informaciones, como emails, agendas y resúmenes de cuentas telefónicas, entre otros", comunicó la firma.
El fallo que condenó a la cúpula de la empresa detalló en aquella ocasión que las autoridades habían detectado el pago de sobornos para ganar contratos en las refinerías Getulio Vargas y Abreu y Lima por 15,6 millones de dólares. Camargo Correa facturó unos 8.147 millones de dólares y entre sus numerosos negocios figura como uno de los 10 mayores productores de cemento del mundo.
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La constructora fue la tercera empresa acusada de desviar recursos de Petrobras en llegar a un acuerdo con la CADE para confesar su responsabilidad a cambio de la reducción de las sanciones por la violación de las leyes de libre competencia. Los primeros acuerdos fueron suscritos en marzo pasado por las empresas Setal Engenharia y SOG Oleo e Gas.
Las empresas admitieron ante el órgano público que formaron parte de un cártel integrado por 23 empresas por el que se distribuían los contratos de Petrobras a cambio del pago de millonarios sobornos. Según las empresas confesas, el cártel era integrado por varias de las mayores constructoras del país, como Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão y UTC Engenharia.
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De acuerdo con las investigaciones, las empresas acusadas de los desvíos obtenían contratos amañados con la estatal, inflaban los valores de estos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.
La petrolera estatal calcula que los desvíos le provocaron pérdidas por cerca de 2.000 millones de dólares. El escándalo ha mandado a prisión a varios ejecutivos de una veintena de empresas y salpicado a medio centenar de políticos, en su mayoría de los partidos que apoyan el gobierno de la presidente Dilma Rousseff.